Condenaron a un policía que robó $100.000 de un automovil y fingió una "devolución voluntaria" al ser descubierto

En el marco de un reciente proceso oral y público llevado a cabo en la sede judicial de Puerto Madryn, un miembro de la Policía del Chubut recibió una sentencia de dos años de prisión en suspenso. El fallo dictaminó la culpabilidad del uniformado bajo el cargo de hurto de dinero en grado de consumación.

Esta segunda audiencia de debate fue dispuesta de forma obligatoria por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La principal autoridad judicial de la provincia dejó sin efecto la absolución previa que beneficiaba a Gabriel Alejandro Castillo, de 36 años, al establecer que la devolución de los valores robados no representó una acción voluntaria.

El origen del hecho delictivo

El suceso que originó el expediente judicial aconteció en mayo de 2022 en la localidad de Gan Gan. Conforme a lo ratificado en los registros de las audiencias, el imputado empleó su rol como agente en funciones para retirar una cantidad de billetes en efectivo que permanecía dentro de un automóvil estacionado en la calle.

El accionar ilegal fue observado en el momento por un conjunto de personas del vecindario. Al verse descubierto y ser interpelado de forma directa por los ciudadanos presentes, el oficial se encontró forzado a entregar la totalidad de los $100.000 a su dueño correspondiente.

La resolución inicial de la causa

Durante el primer litigio, la magistrada Patricia Asaro se había inclinado por exculpar al efectivo. El fundamento utilizado por la jueza planteaba que el retorno inmediato del capital anulaba la intención criminal requerida para encuadrar la figura penal, entendiendo el suceso como una interrupción voluntaria de la acción ilícita.

En su argumento escrito, la jueza aseveró de forma textual que “el dolo, necesario para dar completitud al ilícito, desaparece cuando Castillo entrega íntegramente el fajo de $100.000 y vuelve a manos de su legítimo propietario”.

La posición de los fiscales y la sentencia definitiva

El Ministerio Público Fiscal cuestionó con prontitud aquella interpretación y trasladó su recurso ante el STJ. La funcionaria fiscal Ivana Berazategui argumentó que una declinación voluntaria precisa que el responsable desista del delito por una decisión interna o moral previo a ser expuesto por otras personas.

Al respecto, la fiscal fundamentó que “el desistimiento voluntario implica que el sujeto abandona el ilícito por decisión propia antes de ser descubierto o advertido. Aquí, Castillo no devolvió el dinero hasta que se le reclamó explícitamente, lo que podría invalidar la hipótesis de un acto voluntario”. En este escenario, el acusado conservó el dinero hasta el momento exacto en que fue expuesto y confrontado.

A lo largo de este nuevo debate desarrollado ante otra autoridad judicial, la fiscal Berazategui consiguió revalidar la existencia del apoderamiento y la autoría del hecho por parte de Castillo. Al recibir una sanción de ejecución condicional, el policía no ingresará a un centro penitenciario, aunque deberá cumplir las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el plazo fijado en la sentencia.