Informe especial de Diario Crónica
La verdad sobre el femicidio de Valeria llegó pese a la falta de laboratorios
En la crónica criminal de la Patagonia argentina, pocos casos han encapsulado con tanta crudeza la tensión entre la labor humana y la precariedad institucional como el femicidio de Valeria Schwab. Este 10 de febrero de 2026, Comodoro Rivadavia amaneció con una certeza jurídica que, aunque dolorosa, cierra un ciclo de angustia colectiva: el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente que Jonathan Mario Chacano, el hombre que se quitó la vida horas después del hallazgo de la víctima, fue el autor material del crimen.
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Esta confirmación, entregada a la sociedad por la fiscal María Laura Blanco, no es meramente el epílogo de un expediente judicial; representa un caso puntual de éxito precario sobre la escasez estructural. La resolución del caso, fundamentada en un cotejo de ADN irrefutable, llega casi un mes después del hecho, un lapso de tiempo que no obedece a la falta de pericia de los investigadores locales, sino a una realidad logística que pone en jaque la administración de justicia en la provincia del Chubut: la ausencia de laboratorios criminalísticos de alta complejidad capaces de procesar pruebas genéticas y digitales.

El viaje de la prueba
El crimen ocurrió la noche del 13 de enero en la oscuridad de la zona norte del paseo costero de la ciudad, un sector al pie del Cerro Chenque que los vecinos describen en más de una ocación a Crónica como una "boca de lobo". Mientras la familia de Valeria vivía el infierno de la búsqueda y el posterior hallazgo, la División de Criminalística trabajaba contra el viento, los curiosos, las filtraciones mediáticas y la falta de luz artificial adecuada para preservar la escena.

La escena del crimen era compleja: un terreno irregular, sometido a la erosión constante de la Patagonia, con presencia de desagues que a menudo son utilizados como refugios precarios o "aguantaderos" por personas en situación de calle o consumo problemático de sustancias. Preservar la integridad de la evidencia en un entorno abierto, ventoso y oscuro requirió un esfuerzo manual y artesanal por parte de la División de Criminalística, que debió operar sin el apoyo de laboratorios móviles avanzados.
El cuerpo de la víctima fue recuperado y trasladado a la Morgue Judicial. La autopsia, realizada por el Cuerpo Médico Forense de Comodoro Rivadavia, fue la primera pieza científica del rompecabezas. Los forenses determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica y apuntaron la existencia de abuso sexual.
Valeria se defendió hasta el final. En esa lucha, dejó la "firma genética" de su agresor bajo sus uñas. Esa prueba, sumada a muestras genitales, eran la llave del caso. Pero acá es donde la crónica policial choca con la realidad administrativa: Chubut no pudo procesar esa evidencia.
Las muestras debieron ser enviadas a laboratorios extraprovinciales (Río Negro y Buenos Aires), sometiendo la verdad a una cruda espera. Casi un mes de incertidumbre para la familia y la sociedad, un lapso que no responde a la falta de pericia de fiscales o policía, y que pudo haber tardado mucho más. Comodoro Rivadavia cuenta con un Laboratorio de Investigación Forense, un centro multidisciplinario que depende del Ministerio Público Fiscal. Pese a ello, el centro no contaba con personal suficiente ya que varios estaban de vacaciones, incluido el genetista.
Varias manifestaciones y reclamos fueron realizados durante todo el mes por la familia y la sociedad de manera espontánea, unidos en la búsqueda de justicia.
El suicidio del responsable
Paralelamente al hallazgo del cuerpo de Valeria, la policía de Comodoro Rivadavia atendía otro hecho que, inicialmente, parecía inconexo pero que pronto se revelaría como la otra cara de la misma moneda. Jonathan Mario Chacano, un hombre de 34 años de profesión albañil y con un historial llamativo de denuncias y una vinculación (sin condena) con un homicidio en el año 2012, fue hallado muerto. La causa: suicidio.

Lo que alertó a los investigadores, liderados en ese momento por el fiscal Marcelo Cretton y la Brigada de Investigaciones, fue el estado físico del cuerpo de Jonathan. Presentaba rasguños recientes y profundos en el rostro y los brazos, marcas compatibles con mecanismos de defensa de una víctima. La hipótesis preliminar se formó rápidamente: el hombre, viviendo en situación de calle cerca de la costanera, había atacado a Valeria, regresado con las marcas del crimen en su piel y, ante la presión interna o el miedo a la captura inminente, decidió quitarse la vida en circunstancias que aún son materia de investigación.
Investigación artesanal en la era digital
Mientras las muestras viajaban miles de kilómetros, en Comodoro Rivadavia la Brigada de Investigaciones suplía la falta de software forense con horas hombre.
Con el principal sospechoso muerto, la acción penal se extinguía técnicamente, pero la necesidad de verdad jurídica y social permanecía intacta. La fiscal María Laura Blanco, quien asumió la conducción de la causa caratulada como femicidio, se enfrentó al desafío de probar la culpabilidad de un hombre que ya no podía ser interrogado ni juzgado.

Acá es donde el trabajo de investigación tradicional cobró un valor incalculable. Ante la falta de sistemas de vigilancia automatizados con reconocimiento facial o seguimiento en tiempo real, la policía debió recurrir al análisis manual. El jefe de la Unidad Regional y los fiscales coordinaron la recolección de registros de más de 40 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, ubicadas en las inmediaciones del Paseo Costero, el centro de la ciudad y las rutas de escape posibles.

Este proceso implicó cientos de horas de visualización por parte de los agentes, quienes debieron reconstruir, cuadro por cuadro, el trayecto de Valeria y el asesino, buscando coincidencias espacio-temporales. Fue un trabajo de hormiga, realizado "a ojo", supliendo con paciencia y agudeza visual la falta de software forense de análisis de video que, en otras jurisdicciones más equipadas, realiza esta tarea en minutos.
El problema de los laboratorios extraprovinciales
Las muestras extraídas no pudieron ser analizadas en Comodoro Rivadavia. Tuvieron que ser enviadas a laboratorios fuera de la jurisdicción, implicando una serie de riesgos y costos:
Riesgo en la cadena de custodia: Cada kilómetro que viaja una muestra biológica aumenta el riesgo de degradación por cambios de temperatura o accidentes logísticos.
Dilación temporal: El tiempo de respuesta, que en un laboratorio local podría ser de 48 a 72 horas para un caso urgente, se extendió a casi un mes (del 13 de enero al 10 de febrero). Durante esos 28 días, la familia vivió en la incertidumbre y la sociedad en el miedo, sin saber si el verdadero asesino estaba muerto o seguía libre.
Dependencia de terceros: La justicia de Chubut quedó supeditada a los tiempos, prioridades y stocks de insumos de laboratorios de otras jurisdicciones.
El CENPAT y los recortes nacionales
La paradoja más llamativa del contexto es que la provincia cuenta con infraestructura de primer nivel mundial que está, en la práctica, inoperativa para la justicia. El Centro Nacional Patagónico (CENPAT), dependiente del CONICET y con sede en Puerto Madryn, posee la capacidad técnica y los recursos humanos para realizar análisis genéticos complejos.
Sin embargo, los recortes presupuestarios impuestos por el Gobierno Nacional asfixiaron la capacidad operativa de este organismo. El CENPAT dejó de percibir los fondos necesarios para adquirir los insumos y reactivos importados indispensables para los análisis de ADN.
El costo de estos insumos es prohibitivo sin apoyo estatal: solo un kit de reactivos puede costar alrededor de 2.000 dólares. La falta de una política de estado que garantice el flujo de estos materiales convirtió a los laboratorios del CENPAT en "ferraris sin combustible", obligando a los fiscales a enviar las muestras a otras provincias que logran mantener sus laboratorios operativos o que cuentan con financiamiento federal directo.
Un cierre con respuestas
La resolución del femicidio de Valeria Schwab marca un hito en la historia judicial reciente de Comodoro Rivadavia. Se hizo justicia en términos de verdad: sabemos quién fue, sabemos cómo sucedió y sabemos que no hay un asesino suelto. La familia Schwab puede, finalmente, comenzar su duelo con certezas palpables.

Sin embargo, este caso debe servir como un punto de inflexión inapelable. No se puede continuar investigando crímenes complejos dependiendo de la caridad logística de otras jurisdicciones o de la suerte de que un agresor deje rastros tan evidentes antes de suicidarse.
La resolución del caso Schwab es un caso de exito que muy pocas veces -por no decir nulas- se replica. Se llegó a un buen resultado a pesar de no contar con los elementos en la provincia. Pero este éxito no debe maquillar la urgencia: la inversión en laboratorios y tecnología es una necesidad operativa.