Revés judicial
Para EE.UU no hay pruebas de un delito relacionado a $LIBRA
La decisión oficial de la administración norteamericana representó un freno definitivo a la rogatoria internacional que tramitaba el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en los tribunales de Comodoro Py. La fiscalía estadounidense resolvió clausurar las actuaciones diplomáticas al sostener que la promoción en redes sociales no constituye por sí misma una maniobra fraudulenta punible.
Falta de evidencia para comprobar maniobras ilícitas
A través de una comunicación formal enviada al Ministerio de Justicia de la Nación, la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal de Washington explicó las razones de la negativa. En el documento oficial firmado por la fiscal Mari Aponte, las autoridades norteamericanas puntualizaron que el intercambio de información no logró fundamentar las sospechas requeridas para avanzar sobre registros de usuarios privados.
"Dado que no hay pruebas suficientes para dar curso a la solicitud, estamos cerrando nuestro expediente sobre este asunto", indicó la misiva remitida a los magistrados argentinos. En el mismo texto, los funcionarios estadounidenses señalaron que "lamentablemente, la información fue insuficiente para obtener los registros solicitados, ya que no había pruebas suficientes que demostraran que se había cometido un delito".
La causa en los tribunales federales se originó tras el colapso del token ideado por el empresario Hayden Mark Davis junto a los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, un proyecto que en febrero de 2025 cobró notoriedad cuando el presidente Javier Milei difundió el código de compraventa desde su perfil personal.
Riesgo especulativo y publicaciones en redes sociales
El análisis emitido por la administración estadounidense enfatizó la naturaleza volátil del ecosistema financiero digital y diferenció la especulación comercial de un engaño delictivo. La cartera judicial fijó un estándar riguroso sobre la responsabilidad de los inversores ante activos no regulados.
"Los inversores de criptomonedas asumen los riesgos de activos financieros especulativos nuevos y no regulados", subrayó el dictamen remitido desde Washington. La fiscalía remarcó además que "las campañas agresivas en las redes sociales sobre un criptoactivo altamente volátil y una publicación viral de un político que lo promueve, por sí solas, no son suficientes para demostrar que los inversores fueron inducidos a invertir mediante falsedades".
Esa postura técnica neutralizó los intentos de la querella argentina por vincular de manera penal la viralización del mensaje presidencial con la pérdida masiva de fondos. Aunque el mandatario nacional retiró luego la publicación y calificó a la operatoria como semejante a una ruleta rusa, el Departamento de Justicia concluyó que el posteo no acreditaba complicidad delictiva.
Desestimación de la demanda colectiva en Nueva York
El cierre del trámite en Washington coincidió con la resolución adoptada en los tribunales federales de Manhattan por la jueza Jennifer Rochon. La magistrada desestimó una demanda civil colectiva interpuesta por inversores damnificados contra Davis y la firma Kelsier Ventures por presunta conspiración y enriquecimiento ilícito.
La jueza consideró que los demandantes particulares no lograron comprobar la existencia de un patrón continuado de fraude bajo las normas federales vigentes. Aunque la resolución judicial mencionó en dieciocho oportunidades las referencias al presidente argentino incluidas en los intercambios de mensajería privada de los organizadores, la magistrada concluyó que tales menciones carecían de sustento fáctico para sostener el reclamo indemnizatorio.
