Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera en Malvinas
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una resolución de 17 carillas mediante la cual ordenó frenar de manera inmediata las actividades del proyecto petrolero Sea Lion en torno a las islas Malvinas.
La medida cautelar fue interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La decisión alcanza a la firma británica Rockhopper Exploration y a la compañía israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited, esta última a cargo del 65% del financiamiento del emprendimiento.
Ambas firmas fueron notificadas para cesar cualquier tarea de perforación del lecho marino, la instalación de infraestructura submarina, la colocación de conductos, el funcionamiento de unidades flotantes de producción o almacenamiento y las obras terrestres o portuarias.
Exigencia de informes y evaluación ambiental
La suspensión ordenada por el juzgado regirá hasta tanto se tramite el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, en los términos de la Ley 25.675, o hasta que la magistrada disponga lo contrario.
El fallo destaca que la iniciativa no contaba con autorización del Estado argentino ni había iniciado dicho trámite ambiental a nivel nacional.
En paralelo, Borruto intimó a las compañías petroleras a presentar ante el juzgado, dentro de un plazo de diez días hábiles judiciales, una declaración jurada acompañada por documentación respaldatoria.
De acuerdo a los datos procesales a los que accedió Crónica, las empresas deberán detallar el cronograma de obras, la ubicación de pozos, contratos celebrados, aseguradoras, estructura societaria, desembolsos económicos y estudios de riesgo de derrames.
Notificación vía Cancillería
Para concretar la ejecución de la medida frente a las firmas operadoras, la resolución judicial debe ser remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Cancillería tendrá la responsabilidad formal de notificar a las empresas que operaban bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas, de cara a los planes previstos originalmente para iniciar la extracción comercial hacia el año 2028.
