Oliva Cortez: “No son conflictos del pueblo mapuche, sino más bien conflictos que genera el Estado”

La abogada integrante de la Cátedra de Pueblos Originarios, Oliva Cortez se refirió a esta fecha que conmemora la sesión inaugural del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982. Un hito que fue puntapié para comenzar a poner en las agendas de las naciones los derechos de las comunidades de pueblos originarios. En Argentina se brindan reconocimientos en 1994, a partir de la reforma constitucional.

Considerando esto, Oliva Cortez explica en diálogo con Crónica que “la primera manifestación en el derecho internacional del reconocimiento a los pueblos indígenas y tribales viene dado por la Organización Internacional del Trabajo, justamente porque a los indios los separaban y los dejaban bajo la responsabilidad de la Iglesia, para que los eduque, los evangelice y los convierta al catolicismo, pero sólo para ser destinados a mano de obra y trabajo forzoso”.

A raíz del crecimiento del movimiento de comunidades originarias, la Constitución Nacional Argentina estableció cambios que se convirtieron en referencia. “En esa época, con esas modificaciones, Argentina es progresista o innovadora, porque reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, si bien después hay cuestiones burocráticas que llaman a que se registren las comunidades”. Por lo tanto, el Estado argentino reconoce que antes de su conformación como tal, las comunidades originarias formaban parte del territorio y que se deben garantizar los derechos que fueron vulnerados.

“El Estado mismo es el que va poniendo trabas”

A pesar de ello, aún en la actualidad se pone en jaque constantemente lo establecido en la Constitución, y por consiguiente se pone en tela de juicio los derechos restituidos, ya no sólo desde estereotipos y prejuicios, sino desde los ámbitos legislativos.

Considerando esto, Cortez afirma que es “el Estado mismo el que después va poniendo trabas que contrarían lo que dice la Constitución, que supuestamente es nuestra ley suprema. En Jujuy con la reforma de (el gobernador Gerardo) Morales, se viene incluso a contrariar a la Constitución Nacional en esa materia. Lo que se plantea es que en caso de que haya un interés del Estado jujeño en tierras que ocupan comunidades originarias, el Estado les va a dar una tierra pero no le va a garantizar que sean aptas y suficientes para la vida humana”.

Analizando el panorama local, Cortez manifiesta que la situación se repite y que por omisión o desconocimiento, se termina actuando de forma contraria a lo que establece la ley. “Es un problema constante, acá nos pasó con la Bajada de los Palitos, con el Chenque, con los barrios privados. Las normativas son una avanzada muy importante, pero los conflictos que se dan ahora no son conflictos del pueblo mapuche, sino más bien conflictos que genera el Estado”, sostuvo.