El Senado sancionó la ley de Propiedad Privada con desalojos exprés y límites a extranjeros

Con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara Alta aprobó la norma de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que agiliza la restitución de inmuebles usurpados y restringe las expropiaciones estatales, aunque mantiene los topes a la compra de campos por parte de extranjeros.
viernes 20 de noviembre de 2026
Con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara Alta aprobó la norma de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". (Foto Captura de pantalla)
Con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara Alta aprobó la norma de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". (Foto Captura de pantalla)

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", una iniciativa que habilita los desalojos exprés para inmuebles usurpados, restringe las facultades del Estado para realizar expropiaciones y, paradójicamente respecto de la intención original del Gobierno, mantiene plenamente vigente la Ley de Tierras Rurales con sus topes a la extranjerización.

La norma fue aprobada en la Cámara Alta por 42 votos afirmativos contra 26 negativos. El respaldo provino de La Libertad Avanza junto a bloques dialoguistas y provinciales como la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En la vereda opuesta, votaron en contra el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.

Un recorrido legislativo con concesiones

Para lograr la sanción definitiva, el oficialismo debió ceder en puntos centrales de su agenda original. Durante el trámite parlamentario, primero se eliminaron las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y, posteriormente en Diputados, ante el temor de que la oposición impulsara la derogación total del DNU 70/23, se terminó restituyendo la Ley de Tierras Rurales sancionada durante el kirchnerismo.

Con este esquema, continúan vigentes los límites de hasta el 30% de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, así como el tope máximo de 1.000 hectáreas para inversores foráneos en zonas núcleo, áreas fronterizas y propiedades que contengan espejos de agua.

En cuanto al contenido efectivo de la normativa sancionada, uno de sus pilares principales es la aceleración de los procesos de recuperación de inmuebles mediante un mecanismo de desalojos exprés, aunque su alcance quedó estrictamente delimitado. Esta vía rápida se aplicará exclusivamente frente a casos de usurpación o tenencia precaria: si el propietario presenta prueba documental de su titularidad sobre el campo, terreno o vivienda y ofrece caución juratoria, el juez estará facultado para disponer la entrega inmediata e intimar la restitución en un plazo de 72 horas. Por el contrario, los conflictos derivados de alquileres impagos quedaron fuera de este esquema abreviado, manteniéndose la obligación del locador de enviar una carta documento y otorgar al inquilino moroso al menos 10 días corridos para regularizar su deuda.

Por otra parte, la ley también recorta el margen de acción estatal en materia de expropiaciones, estableciendo que toda declaración de "utilidad pública" deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con una fundamentación detallada. En estos procesos, se fijó un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y se determinó que los intereses se calcularán combinando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la tasa a 30 días del Banco Nación. Finalmente, el texto incorpora una reforma a la denominada "Ley Pierri" de regularización dominial, permitiendo que las familias que acrediten una posesión pública durante los últimos 10 años puedan acceder a la escritura definitiva de su vivienda única.