Homicidio en Km 8: a Romero la Policía lo detuvo con una "emboscada" que fue declarada ilegal

Durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación que tuvo lugar este viernes en la Oficina Judicial las defensoras oficiales de Lucas Romero –imputado por el homicidio de Alexandro Alvarado- plantearon la ilegalidad de la detención.

La defensora pública Vanesa Vera rebatió los argumentos del Ministerio Público Fiscal, que pretendía justificar la captura bajo los artículos 215 y 217 del Código Procesal Penal.

La abogada explicó que el hecho ocurrió a las 19:10 horas y el personal intervino diez minutos después en el lugar, donde testigos directos individualizaron al presunto agresor con nombre y apellido. Sin embargo, el arresto se produjo recién a las 20:45 horas en otro punto de la zona y sin ninguna orden judicial.

"Para detener a una persona sin orden judicial, el Código Procesal le autoriza determinados supuestos", afirmó la letrada respecto a las limitaciones legales vigentes. En ese marco, Vera detalló que la Policía no contaba con la habilitación correspondiente: "No se daba esa circunstancia porque desde el primer momento ya se sabía quién era la persona indicada, al menos por los testigos. Por esa razón es que no correspondió la legalidad de la detención" explicó.

"Rastrillaje" con jefes policiales a la cabeza

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la aprehensión del joven se concretó mediante un contacto coordinado entre miembros de la fuerza policial y la madre del sospechoso que incluso ya había intervenido en la agresión intentando frenar la misma. La defensora mencionó que se pactó un punto de encuentro entre la mujer y su hijo, momento en el que irrumpieron los efectivos para detenerlo.

"Habría una conversación entre la mamá y la policía para, yo voy a usar esta palabra, como generar una emboscada", señaló Vera al describir la maniobra. Al no existir una situación de flagrancia ni una demora transitoria en el sitio del hecho, según la Defensa técnica, los uniformados debieron haber tramitado una orden judicial de detención formal antes de ejecutar el procedimiento de detención.

Pese a declarar la ilegalidad de la privación de libertad inicial, el juez Mariano Nicosia formalizó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de seis meses. Asimismo, dispuso una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva para Romero mientras se sustancia el proceso baja la caratula inicial de "homicidio simple".

La defensora ratificó que el defecto procesal del arresto no altera la causa principal ni impidió la cautelar. "No nos opusimos a la apertura de investigación, ni al hecho, ni a la calificación. Entendimos que estaba debidamente fundada", subrayó Vera, quien concluyó que "los dos presupuestos para el dictado, que son la fuga y el entorpecimiento, estaban fundados".

Sin embargo, se supo de fuentes judiciales que el juez Nicosia instó al Ministerio Público Fiscal a investigar esta maniobra que la defensora denominó como "emboscada" y que estaría fuera del alcance de la Ley. Y para ello se puso a disposición el audio original del acto judicial para determinar las responsabilidades al respecto.

Los jefes policiales que comandaban el procedimiento, según informaron las fuentes consultadas, llegaron rápidamente al lugar del hecho ya que participaban de un operativo del Comando Unificado en la jurisdicción policial donde ocurrió el homicidio.