España: abren juicio oral contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación
El juez Juan Carlos Peinado dispuso la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, y su asesora Cristina Álvarez, tras casi dos años y medio de investigación en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La resolución, según el análisis del material procesado por Crónica, sienta a ambas procesadas ante un tribunal con jurado por los delitos de tráfico de influencias y malversación en el caso de Gómez, y de malversación en el de Álvarez.
Con la firma del auto de apertura, la causa deja la etapa de instrucción y se traslada a la Audiencia Provincial de Madrid. A partir de la remisión del expediente, las partes contarán con un plazo de 15 días para personarse, tras lo cual se realizará el reparto entre 12 de las 15 secciones penales del tribunal madrileño. Una vez asignada la sección, se designará mediante el sistema de correturnos al magistrado-presidente que dirigirá el debate del tribunal popular.
Posteriormente, se iniciará la fase intermedia, procedimiento que suele demorar entre cinco y diez meses para definir las pruebas y testimonios que se presentarán durante las audiencias.
En este período se determinará la citación de testigos, entre los que podrían incluirse comparecencias como las de Pedro Sánchez y Félix Bolaños. Concluida esa etapa, la Oficina del Jurado seleccionará a nueve jurados titulares y dos suplentes antes del señalamiento formal de las fechas.
Las estimaciones jurídicas sobre la fecha del juicio ubican el inicio de las sesiones en algún momento del año 2027.
Si bien los plazos promedio sitúan la vista entre cuatro y ocho meses desde la llegada del expediente a la Audiencia, diversas proyecciones desplazan el comienzo del debate hacia mediados o el segundo semestre de ese año.
El calendario electoral español de 2027, con comicios municipales, autonómicos y generales previstos en la agenda política, influirá en la fijación definitiva del cronograma judicial.
Esta resolución constituye el último acto procesal del magistrado instructor antes de su jubilación obligatoria, prevista para el 27 de septiembre al cumplir 72 años.
El origen del expediente se remonta a abril de 2024 tras una denuncia inicial, etapa en la cual la causa atravesó sucesivas prórrogas hasta que la Audiencia Provincial delimitó en julio de 2026 los delitos imputados y habilitó la vía del tribunal popular.
