El Reino Unido rechazó las sanciones de Milei y ofreció respaldo político a las petroleras y pesqueras en Malvinas
El Reino Unido difundió este martes una guía oficial destinada a sostener la actividad de las compañías que se desempeñan en las Islas Malvinas y desconoció la potestad de la Argentina para aplicarles su ordenamiento jurídico. La publicación representa la primera contestación formal de la administración británica frente a las sanciones y apercibimientos promovidos por el presidente Javier Milei contra las firmas vinculadas a la extracción hidrocarburífera y pesquera en la región insular.
El instructivo, denominado Hacer negocios con las Islas Falkland, según la nomenclatura empleada por las autoridades británicas, fue hecho público por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). El texto expresa que las autoridades del Reino Unido respaldan "toda actividad económica legítima" en las islas y ponen a disposición ayuda para las firmas, filiales y abastecedores que reciban demandas iniciadas por la Argentina en terceras naciones.
La contestación de las autoridades británicas ante las sanciones de la Argentina
"Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las islas", asevera la publicación oficial. Dicha postura contrapone la demanda histórica del Estado argentino y omite señalar que la Resolución 2065 dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de un diferendo de soberanía e insta a las dos partes a entablar negociaciones para alcanzar un entendimiento pacífico.
En forma paralela, las autoridades de Londres indicaron que no observan fundamentos legales para que los tribunales de otros países apliquen medidas impulsadas desde Buenos Aires. No obstante, el documento contempla que ciertas empresas o ciudadanos particulares podrían recibir notificaciones o advertencias de acciones judiciales debido a sus negocios en la zona marítima.
Frente a este tipo de escenarios, el organismo británico aconseja obtener asesoramiento profesional privado. Asimismo, pone a disposición un canal de gestión política directa: el FCDO expresó su disposición para presentar su posición institucional ante cualquier firma que solicite coberturas si ella, una empresa subsidiaria o alguno de sus contratistas sufre presiones en el exterior.
La difusión del texto remarca que sucesivas administraciones en la Argentina implementaron medidas orientadas a frenar la llegada de inversiones al archipiélago y sostiene que dichas disposiciones no detuvieron el dinamismo económico de las islas. Con este antecedente, el gobierno británico procura transmitir previsibilidad a los actores financieros e industriales de que las nuevas normativas no deberían interferir en sus planes operativos.
El foco sobre la actividad hidrocarburífera y el sector de la pesca
La nómina de recomendaciones comprende a las entidades que lleven a cabo gestiones comerciales en las Islas Malvinas, presten servicios, suministren bienes o participen directa o indirectamente de la explotación de los bienes naturales del territorio. El margen de cobertura alcanza, por lo tanto, a los rubros del petróleo y de la pesca.
"El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio", manifiesta el texto. La administración de Londres encuadra esta facultad dentro del principio de autodeterminación atribuido a los colonos y señala que la explotación responde a las reglamentaciones locales y a las pautas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La República Argentina desestima este encuadre. La postura de la diplomacia nacional sostiene que el principio de autodeterminación no resulta aplicable a la población de las Islas Malvinas por considerarla un contingente implantado por la potencia colonial, agregando que las actividades de extracción unilateral vulneran los pronunciamientos de la ONU referidos al conflicto.
El pronunciamiento del Reino Unido se conoció 12 días después de que el presidente Javier Milei informara el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de "defensa de la soberanía nacional", iniciativa que contempla penalidades más estrictas contra las corporaciones que realicen trabajos petroleros sin autorización argentina en espacios marítimos bajo reclamo. El Poder Ejecutivo busca además hacer extensivas las sanciones a proveedores, tenedores de acciones y directivos, disponiendo la prohibición para operar o suscribir convenios dentro del territorio nacional.
Los alcances sobre el yacimiento petrolero Sea Lion
El centro de las medidas legislativas apunta al proyecto Sea Lion, un yacimiento localizado a 220 kilómetros al norte del territorio insular. La sociedad conformada por las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum prevé iniciar las labores de producción hacia el año 2028 y extraer un volumen aproximado de 170 millones de barriles en la fase inicial.
El presidente Javier Milei catalogó al proyecto de perforación como "un peligro claro e inmediato" para la posición del país. Por su parte, la compañía Rockhopper indicó que no contempla que los anuncios realizados desde la Casa Rosada generen un "efecto material" directo sobre los planes fijados para la extracción del recurso.
A su vez, el Gobierno argentino confirmó este martes la ampliación de la presentación judicial entablada contra los emprendimientos que desarrollarían tareas hidrocarburíferas de forma irregular en la Plataforma Continental Argentina. El vocero presidencial Adrián Ravier detalló que la medida incorporará a nuevas sociedades comerciales, omitiendo precisar sus razones sociales.
La acción previa alcanzó a un grupo de 15 empresas, ejecutivos y accionistas vinculados a las compañías Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco Atlantic, Bluewater y Noble Corporation. Las imputaciones se sustentan en la Ley 26.659, ordenamiento que prohíbe la realización de operaciones petroleras en la Plataforma Continental Argentina sin contar con el permiso del Estado nacional.
A las actuaciones en el plano administrativo se sumó la intervención de los tribunales federales. El fiscal Carlos Stornelli imputó este martes a integrantes de las firmas sancionadas por la presunta participación en faenas extractivas no autorizadas en el perímetro de las islas.
El trámite parlamentario del proyecto de ley
De forma paralela a la difusión de la guía por parte de las autoridades británicas, el Ejecutivo nacional continúa con la revisión de la propuesta normativa informada por el presidente Javier Milei. La iniciativa se encuentra bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal Murphy, registrando una postergación en el envío al Congreso de la Nación debido a la realización de correcciones técnicas.
Ante la consulta sobre posibles presentaciones o reclamos diplomáticos derivados de la aplicación de las sanciones, el canciller Pablo Quirno manifestó no haber recibido planteos oficiales. "No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas", aseveró el ministro de Relaciones Exteriores.
Si bien la guía oficial del Reino Unido no constituye formalmente un reclamo diplomático entre Estados, la publicación explicita la postura de las autoridades británicas de desconocer las regulaciones argentinas, reafirmar el respaldo a las firmas privadas y comprometer gestiones directas si los negocios resultan afectados en jurisdicciones de terceros países.
CUESTIÓN MALVINAS: LA CANCILLERÍA ARGENTINA RECHAZA LA GUÍA DEL GOBIERNO BRITÁNICO SOBRE ACTIVIDADES COMERCIALES CON LAS ISLAS MALVINAS E INTENSIFICA LAS MEDIDAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN ILEGAL DE NUESTROS RECURSOS https://t.co/AYwcUNK0gK
— Pablo Quirno (@pabloquirno) September 15, 2026
