La empresa SLB confirma que no operará en Malvinas
La empresa de servicios petroleros SLB, la más grande del mundo en su rubro, confirmó oficialmente que no participará en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas ni en sus espacios marítimos circundantes.
Esta decisión responde al endurecimiento de las sanciones anunciado por el presidente Javier Milei tras la publicación del Decreto 868/26.
La firma, anteriormente conocida como Schlumberger, detalló a través de un comunicado que su postura se ajusta estrictamente a la nueva normativa argentina. La empresa subrayó que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación" vinculados a proyectos en el archipiélago. Con esta medida, la compañía busca asegurar su continuidad operativa en el país, donde mantiene una presencia estratégica en el desarrollo de Vaca Muerta y otros proyectos en la cuenca neuquina.
Soberanía y sanciones a empresas extranjeras
El anuncio de SLB se produce en un clima de alta tensión diplomática tras la cadena nacional del jueves, donde el mandatario argentino reafirmó que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho".
El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas involucradas en la exploración y explotación ilegal de recursos en la zona. Esta política busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, operado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, a quienes el Estado argentino considera en infracción.
El futuro del proyecto Sea Lion
Aunque el Gobierno nacional ha advertido sobre la ilegalidad de las operaciones en la plataforma continental, las empresas responsables del proyecto Sea Lion sostienen que sus actividades cuentan con licencias británicas y no prevén demoras en su cronograma, que apunta a iniciar la producción en 2028. No obstante, la postura de SLB marca un precedente relevante para otras compañías internacionales, que ahora enfrentan el riesgo de inhabilitaciones de hasta 20 años si deciden prestar servicios a proyectos no autorizados por la Argentina.
