Un jubilado pide su propia quiebra y acusa a los bancos de "sobreendeudamiento inducido"

El sistema de crédito al consumo y las prácticas de las entidades financieras han quedado bajo una lupa inédita en la Justicia argentina. El caso de un jubilado misionero —ex miembro de las Fuerzas Armadas— expone de forma dramática la delicada frontera entre la asistencia financiera y lo que una reciente demanda califica como un esquema de "sobreendeudamiento inducido sistémico".

Con ingresos mensuales de 1,5 millones de pesos y una deuda acumulada que supera los 150 millones de pesos, el afectado se ha visto obligado a recurrir a los tribunales federales para solicitar, de manera subsidiaria, su propia quiebra personal.

Este proceso judicial representa un antecedente crítico para miles de consumidores en un contexto donde la morosidad registra niveles récord y las deudas familiares se han vuelto asfixiantes.

De una reforma hogareña a una bola de nieve imparable

A diferencia del perfil de un deudor irresponsable o de alguien que busca insolventarse de manera intencional, los registros del expediente reflejan la trayectoria de un pagador cumplidor atrapado en una espiral de refinanciamientos. El derrotero comenzó el 15 de enero de 2024, cuando el jubilado solicitó su primer préstamo: un crédito UVA Black en el Banco Santander por un monto de 1,47 millones de pesos, destinado originalmente a realizar refacciones en su vivienda. En ese momento, la cuota inicial parecía manejable, situándose en 35.402 pesos.

Sin embargo, las sucesivas actualizaciones de la modalidad UVA y el encarecimiento del costo de vida comenzaron a erosionar rápidamente su capacidad de pago. Para evitar caer en mora y proteger su historial crediticio, el afectado comenzó a tomar nuevos créditos para cancelar los anteriores, una práctica que el escrito judicial describe como una "refinanciación estructural encubierta". La sucesión de compromisos financieros escaló de forma vertiginosa:

-Abril 2024: Préstamo por $5,4 millones.

-Junio 2024: Crédito por $8,3 millones.

-Agosto 2024: Crédito por casi $7,9 millones.

-Septiembre 2024: Otro desembolso por $5,7 millones.

La toma de deuda continuó durante noviembre y diciembre de 2024, sumando nuevas obligaciones en 2025 y principios de 2026. A pesar de que el capital neto efectivamente recibido por el deudor rondó los 49 millones de pesos, los intereses acumulados, las penalidades y los costos financieros elevaron la deuda informada por una de las entidades a más de 83 millones de pesos, totalizando un pasivo global superior a los 150 millones de pesos al consolidar al resto de los acreedores.

Los ejes de la demanda: "Prestar mal" e inducción al riesgo

La presentación legal, radicada en la Justicia Federal de Misiones, apunta contra un entramado compuesto por bancos tradicionales, entidades financieras vinculadas a las Fuerzas Armadas, plataformas digitales (fintech) y agencias de recaudación extrajudicial. La acusación central radica en que las entidades incumplieron el deber legal de evaluar la solvencia real del solicitante, violando los principios de "crédito responsable".

La demanda desglosa las presuntas irregularidades cometidas por cada uno de los actores involucrados:

-La entidad originante y el redireccionamiento de fondos: Se le atribuye la responsabilidad principal por otorgar de manera consecutiva nueve créditos UVA mediante canales 100% digitales, sin asesoramiento personalizado ni advertencias claras sobre el costo financiero total o el impacto acumulativo. Además, se denuncia una maniobra autónoma de extrema gravedad: el banco habría inducido al jubilado a destinar una porción de los fondos acreditados a Fondos Comunes de Inversión (FCI) de riesgo gestionados por la propia institución, bajo promesas de rentabilidad que nunca se cumplieron. Con posterioridad, la entidad bloqueó el acceso del usuario al homebanking, privándolo de controlar sus propios activos.

-Asfixia de haberes y tasas abusivas: Una segunda entidad bancaria continuó extendiendo tarjetas de crédito y financiamiento a un cliente que ya evidenciaba una manifiesta insolvencia. Los análisis contables preliminares arrojaron tasas efectivas anuales del 129,08% en los plásticos y la aplicación de "anatocismo indirecto" (capitalización encubierta de intereses). Además, este banco debitaba de forma automática más del 50% del haber previsional para cubrir sus propios saldos, arrastrándolo a la cesación de pagos frente a los demás acreedores. En un hecho reciente denunciado ante el juez, el banco absorbió compulsivamente casi la totalidad del depósito mensual, dejándole apenas 23.000 pesos en su cuenta de la seguridad social para subsistir durante todo el mes.

-Organismos de las FF.AA. y Fintechs: Mutuarias y organismos crediticios vinculados a las fuerzas de seguridad otorgaron refinanciaciones millonarias (una de ellas por más de 21 millones de pesos a inicios de 2026) mediante sistemas de descuento directo del recibo de sueldo, obviando el análisis de la capacidad de pago residual del solicitante. Por su parte, las plataformas digitales concedieron préstamos inmediatos en entornos virtuales sin mínimos controles de riesgo.

Prácticas abusivas de cobranza y violación del secreto bancario

La demanda también pone el foco sobre la conducta de la agencia de cobros extrajudicial MO&PC Collections. Según consta en la denuncia, la empresa implementó mecanismos de hostigamiento sistemático que violan el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor y el secreto bancario.

Se constató el envío de correos electrónicos y llamadas de presión dirigidas a familiares directos del jubilado para ponerlos en conocimiento de las deudas y exigirles que transmitieran las intimaciones. Asimismo, se señala que la firma proporcionó liquidaciones inconsistentes con deudas de composición dudosa y formuló propuestas de pago que resultaban materialmente inviables para los ingresos del afectado.

La quiebra personal como salida ordenada

Ante un panorama de ahogo financiero irreversible, la estrategia jurídica del demandante no apunta a evadir la deuda, sino a solicitar una intervención judicial integral para ordenar los pasivos. La demanda solicita en primera instancia que la Justicia ordene una readecuación de los contratos bajo pautas justas. Sin embargo, en forma subsidiaria, se solicita la declaración de su propia quiebra.

La quiebra de una persona humana que no realiza actividad comercial es un recurso excepcional en la práctica del derecho civil y comercial argentino. Se fundamenta aquí en la inminente y definitiva cesación de pagos. De ser aceptada por los tribunales federales, abriría la puerta a una liquidación ordenada de los bienes y compromisos bajo control judicial, impidiendo que las entidades sigan devorando la totalidad de la jubilación de forma unilateral y compulsiva.

Este proceso judicial promete sentar un precedente regulatorio e institucional fundamental sobre los límites del marketing financiero digital, la validez del consentimiento en entornos virtuales y el alcance de las responsabilidades que asumen las entidades financieras cuando deciden "prestar mal".