La Regional Sur de ATECh cuestionó la conciliación obligatoria y volvió a reclamar paritarias

La secretaria general de la regional, Alejandra Soto explicó que la paritaria había quedado en un cuarto intermedio cuando se dictó la conciliación obligatoria, lo que —según la dirigente— terminó por frenar cualquier posibilidad de discutir salarios.

En ese sentido, desde la regional indicaron que nunca estuvieron de acuerdo con acatar la conciliación obligatoria, ya que consideran que el Estado actúa como “juez y parte” dentro del conflicto. Soto explicó que la Secretaría de Trabajo, que dicta la conciliación, también participa de las mesas paritarias, lo que —según el gremio— elimina la imparcialidad en el proceso.

Frente a este escenario, la regional decidió continuar con acciones de visibilización del reclamo docente. Durante los últimos días se realizaron asambleas escolares en distintas instituciones para recoger mandatos de los trabajadores de la educación y definir medidas de fuerza.

Con esos mandatos, el sindicato presentó formalmente una medida de paro ante la Subsecretaría de Trabajo. Sin embargo, desde el organismo respondieron rápidamente que la medida no podía llevarse adelante debido a que el conflicto se encuentra bajo conciliación obligatoria.

Soto cuestionó esa respuesta y marcó un contraste con otras situaciones que, según afirmó, llevan años sin resolución. Entre ellas mencionó reclamos vinculados a problemas edilicios en escuelas y hechos de violencia hacia docentes, presentaciones que —aseguró— nunca obtuvieron respuesta por parte del organismo laboral.

Pese a esa notificación, desde la Regional Sur de ATECh presentaron un descargo ante la Subsecretaría de Trabajo y ratificaron la continuidad de las acciones gremiales. Según indicó la dirigente, el sindicato no se dejará “amedrentar” y aseguró que existe un fuerte malestar entre docentes de toda la provincia.

El principal eje del reclamo está vinculado con la situación salarial. Soto describió el escenario como “gravísimo” y señaló que un docente que recién se inicia percibe alrededor de 700 mil pesos mensuales. Ese monto —explicó— queda muy por debajo del costo de la canasta básica, que estimó en alrededor de 1.800.000 pesos sin incluir gastos como servicios, alquiler o recreación.

La dirigente también criticó el incremento dispuesto por decreto por parte del Gobierno provincial, que estableció un aumento del 1,2 %. Según detalló, ese porcentaje representa aproximadamente 4000 pesos para los docentes, lo que calificó como “una vergüenza” y una falta de respeto hacia los trabajadores de la educación. 

Además, cuestionó el anuncio de un salario garantizado de 800 mil pesos. De acuerdo con la dirigente sindical, esa medida alcanzaría solo a un grupo reducido de docentes, ya que gran parte del sector trabaja en doble turno para poder sostener sus ingresos.

En ese contexto, Soto aseguró que muchos trabajadores se encuentran endeudados y recurren a préstamos para afrontar gastos cotidianos. Por ese motivo, insistió en que el Gobierno provincial debe convocar a una discusión salarial real y presentar una propuesta que permita recomponer los ingresos del sector.

Finalmente, la dirigente sostuvo que en la provincia existen recursos para afrontar el reclamo docente.