El Ejecutivo reglamentó las concesiones de obra pública para expandir la red de transporte de electricidad con capital privado

La Secretaría de Energía estableció formalmente la reglamentación que habilita la expansión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) bajo el formato de Concesión de Obra Pública. El objetivo central de esta determinación es captar fondos de capitales privados que permitan costear el desarrollo del sector energético. La decisión se ratificó mediante la Resolución 83/2026, que salió a la luz este martes en el Boletín Oficial, sumando un anexo técnico a "Los Procedimientos" que administran el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Nuevos actores en el transporte de energía

Con esta actualización, las compañías privadas cuentan con el marco legal para llevar adelante la edificación, el funcionamiento y el cuidado de flamantes tendidos eléctricos. Bajo este esquema de concesión, el retorno de la inversión se efectuará a través de una tasa puntual denominada tarifa por ampliación.

La disposición se fundamenta en la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional, vigente hasta julio de 2026. Debido a que el Estado no puede afrontar los gastos de infraestructura requeridos, el Gobierno optó por esta vía, centrando la atención en una serie de obras estratégicas que se pondrán a licitación próximamente.

Prioridad de pago y financiamiento

La normativa también determinó que los desembolsos vinculados a estas concesiones de transporte gozarán de prioridad de cobro. Esta medida tiene como fin asegurar una circulación de capitales estable para quienes decidan invertir.

El reglamento recientemente aprobado garantiza la vigencia de los derechos de quienes poseen las concesiones actuales, tales como Transener o las firmas distribuidoras troncales. No obstante, se permite el ingreso de "transportistas independientes" para liderar las expansiones que se realicen de ahora en adelante.

Proyectos estratégicos y plazos

Estas construcciones no utilizarán partidas directas del presupuesto estatal. En su lugar, el financiamiento podrá provenir del cobro de tarifas a los consumidores o a los actores del mercado que saquen provecho de la optimización en la capacidad de traslado de energía.

Mediante este marco normativo, la administración nacional planea dar inicio a obras de alta tensión que resultan vitales para distribuir la electricidad producida en parques solares y eólicos. Asimismo, se pretende robustecer la seguridad del servicio en los centros urbanos más grandes cuando se producen los picos de consumo durante el verano. La Subsecretaría de Energía Eléctrica tendrá la responsabilidad de confeccionar los pliegos para los llamados a licitación, previstos para la segunda parte de 2026.

Con información de NA.