Causa $LIBRA: la Justicia sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados

La Justicia federal resolvió sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en una de las investigaciones judiciales vinculadas con el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que había generado denuncias por una presunta estafa y posibles irregularidades relacionadas con funcionarios públicos.

La decisión fue adoptada este viernes por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, quien aceptó el pedido de sobreseimiento presentado por el fiscal Eduardo Taiano.

La resolución, de 60 páginas, también beneficia a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis, vinculados con el proyecto que tomó notoriedad luego de una publicación del mandatario en la red social X.

El magistrado fundamentó su decisión en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando los hechos examinados no constituyen un delito.

Sin embargo, el fallo todavía puede ser recurrido y su alcance se limita al expediente analizado por ese juzgado, ya que existen otras actuaciones judiciales relacionadas con la criptomoneda.

El origen de la investigación y el lanzamiento de $LIBRA

La causa comenzó a partir de denuncias presentadas luego del lanzamiento del activo digital $LIBRA, que adquirió una importante repercusión pública cuando el presidente Javier Milei difundió un mensaje sobre el proyecto desde su cuenta personal de X, en febrero de 2025.

En aquella publicación, el mandatario promocionó la iniciativa e incluyó la dirección del contrato de la criptomoneda, lo que contribuyó a aumentar su visibilidad.

De acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, el valor del activo pasó de aproximadamente 0,01 dólares a cerca de 5 dólares, antes de experimentar una caída pronunciada.

Los denunciantes sostuvieron que determinadas billeteras digitales habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 compradores habrían sufrido pérdidas económicas.

A partir de esas circunstancias se presentaron denuncias para determinar si existió una maniobra fraudulenta y si funcionarios públicos habían participado de manera irregular en la promoción o el desarrollo del proyecto.

Por qué el juez descartó la existencia de una estafa

Uno de los principales fundamentos de la resolución fue que la investigación no logró acreditar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa.

El juez consideró que la publicación del Presidente pudo haber contribuido a incrementar la confianza de determinados compradores, pero sostuvo que esa circunstancia no era suficiente para demostrar una maniobra delictiva.

En ese sentido, señaló que la suba inicial del precio, su posterior desplome y las pérdidas de los inversores no permiten establecer por sí solos la existencia de una estafa.

Para configurar ese delito, la investigación debía demostrar que se había utilizado una falsedad concreta para inducir a las personas a realizar operaciones económicas.

El fiscal Taiano había solicitado el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y distintas pericias digitales.

Las medidas incluyeron allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios sobre operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas.

También se solicitó cooperación judicial a Estados Unidos para identificar movimientos financieros y determinar la titularidad de billeteras relacionadas con el lanzamiento del activo.

Qué determinó la Justicia sobre Javier Milei

En relación con el Presidente, la resolución también descartó que los elementos reunidos permitieran acreditar los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El fallo tuvo en cuenta una evaluación de la Oficina Anticorrupción, que había concluido que la publicación de Milei sobre $LIBRA no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales.

Asimismo, el juzgado indicó que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de la criptomoneda, ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el mandatario y Hayden Davis para brindar asesoramiento en materia de activos digitales.

De esta manera, el magistrado consideró que no existían pruebas suficientes para atribuirle al Presidente una conducta penalmente sancionable dentro de los hechos examinados.

Las acusaciones contra Karina Milei y las pruebas analizadas

En el caso de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, la investigación examinó presuntos pagos y posibles gestiones destinadas a facilitar reuniones entre empresarios vinculados con el proyecto y el mandatario nacional.

Sin embargo, el juez concluyó que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para intervenir en esos encuentros.

Entre los elementos analizados figuraba una anotación encontrada en el teléfono de Mauricio Novelli que mencionaba un supuesto pago destinado a Javier y Karina Milei.

No obstante, las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por las personas mencionadas.

Los investigadores también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como “Karina Milei RRPP”, además de comunicaciones telefónicas entre Novelli y el Presidente, cuyo contenido no pudo establecerse.

A estas medidas se sumó el análisis de movimientos en cajas de seguridad, registros bancarios y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

El juzgado determinó que esos elementos no resultaban suficientes para acreditar pagos indebidos, tráfico de influencias o una intervención delictiva de los investigados.

El pedido de congelamiento de activos y la cooperación con Estados Unidos

Otro de los aspectos examinados fue la identificación de una billetera digital que contenía aproximadamente 44,6 millones de USDC, una criptomoneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense.

El fiscal había solicitado la colaboración de las autoridades estadounidenses para preservar esos activos mientras avanzaba la investigación.

Sin embargo, según se indicó en la resolución, las autoridades de Estados Unidos consideraron que la información presentada no alcanzaba para establecer, conforme a los requisitos de la asistencia solicitada, una conexión suficiente entre los investigados, los presuntos delitos y los registros requeridos.

Como consecuencia, ese trámite de cooperación judicial fue cerrado.

El fallo puede ser apelado y existen otras investigaciones

En la parte final de su resolución, Martínez de Giorgi sostuvo que el dictamen del fiscal Taiano se encontraba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar con el proceso penal en esas actuaciones.

El magistrado también aclaró que ninguno de los once investigados había sido citado a prestar declaración indagatoria, aunque esa circunstancia no impedía dictar el sobreseimiento.

De todos modos, la decisión no se encuentra necesariamente firme, ya que está sujeta a la presentación de eventuales recursos judiciales.

Además, el fallo menciona la existencia de otra investigación relacionada con $LIBRA, por lo que el sobreseimiento dispuesto en este expediente no significa que todas las actuaciones vinculadas con el lanzamiento de la criptomoneda hayan concluido.

La resolución representa así una definición judicial favorable al Presidente, a su hermana y a los demás investigados en esta causa específica, aunque su alcance dependerá de los posibles recursos y de la evolución de los expedientes restantes.