Cuestionan la credibilidad de datos

Legisladores de Unión por la Patria denunciaron penalmente a Caputo por presunta alteración del IPC del INDEC

Legisladores de Unión por la Patria formalizaron una querella penal contra el ministro de Economía tras descubrirse la orden de no implementar el nuevo Índice de Precios al Consumidor. La demanda acusa a Caputo de abuso de autoridad y la supuesta falsificación de documentos, señalando que la maniobra busca postergar el impacto de la recomposición tarifaria en las estadísticas oficiales. Esta posible alteración directa afectaría los aumentos a jubilados y paritarias.
viernes 13 de febrero de 2026

La presentación realizada por Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca se fundamenta en la determinación de no implementar el renovado índice de precios al consumidor.

Imputación por irregularidades en el INDEC

Los integrantes de la Cámara Baja nacional pertenecientes al bloque Unión por la Patria, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, formalizaron este viernes una querella penal dirigida contra el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo. La acción judicial se basa en recientes maniobras irregulares que habrían distorsionado el correcto desempeño del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los diputados Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada.

 

La presentación judicial surge a raíz de la determinación de no utilizar el nuevo índice de precios al consumidor, el cual se encontraba preparado para su aplicación desde el comienzo del mes de enero.

Detalles de la demanda y cargos imputados

La denuncia penal radicada se fundamenta en supuestas violaciones a los deberes de funcionario público contempladas en el artículo 248 del Código Penal. Asimismo, se alegan infracciones relacionadas con la violación de secretos y deberes de confidencialidad (artículo 157 del Código Penal) y falsificación de documentos públicos (artículo 293 del Código Penal). Adicionalmente, se citó lo estipulado en el artículo 17 de la ley 17.622 referente a la violación del secreto estadístico, según detalló Strada a través de su perfil en la red social X.

De acuerdo a las declaraciones de la legisladora, "Caputo incurrió en irregularidades varias". La economista recordó que el ministro "ordenó que se mantenga el cálculo índice de precios al consumidor (IPC) basado en componentes desactualizados".

Impacto económico y social de la medida

"En octubre de 2025 el INDEC había resuelto la aplicación de otra forma de cálculo a partir de enero de 2026. Esta decisión del Ministro Caputo, tal como declaró públicamente, busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria que tendría especial impacto en los precios al consumidor", analizó la economista Strada.

Para la diputada del kirchnerismo, "se trata de una conducta que demuestra abuso de autoridad".

La legisladora advirtió además que dicha manipulación del instrumento estadístico "determina graves consecuencias sociales, económicas y políticas, impactando en la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, así como en la negociación colectiva dispuesta por los acuerdos paritarios públicos y privados".

Violación del secreto estadístico

Strada subrayó que "el Ministro Caputo publicó un mensaje desde su cuenta en la red social X en el que reconoció la diferencia de resultado de variación del IPC, según la forma de cálculo que se aplique", e incluso "adelantó el resultado del cálculo del IPC de enero de 2026 antes de que fuese informado de manera oficial".

"De esta forma el Ministro Caputo incurrió en la violación del secreto estadístico, previsto en los artículos 13 y 17 de la ley 17.622", señaló la integrante de la oposición.

La legisladora remarcó que "el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico nacional, dado que impacta directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino".

"Precisamente por dicha centralidad, el ordenamiento jurídico argentino ha establecido un sistema normativo orientado a garantizar la independencia técnica del organismo estadístico, prohibiendo cualquier interferencia política en la producción, validación y difusión de datos oficiales", concluyó, agregando: "Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento".

Con información de NA.