Reforma de la Ley de Salud Mental: El plan oficial para optimizar la respuesta sanitaria

El Poder Ejecutivo elevará a la Cámara de Senadores una propuesta legislativa para modificar la Ley Nacional de Salud Mental, N° 26.657. Esta iniciativa tiene como finalidad perfeccionar la capacidad del sistema sanitario para abordar escenarios que la legislación actual no logra cubrir adecuadamente, superando las trabas en su aplicación y adaptando el marco legal a las necesidades asistenciales vigentes en Argentina.

Para la elaboración de este proyecto se realizó un relevamiento de testimonios y aportes de pacientes, familiares, especialistas en salud mental y representantes de los sectores legislativo y judicial. A partir de este análisis se identificaron obstáculos específicos, tales como la disparidad en la ejecución de la ley en las provincias y la carencia de pautas precisas para actuar de forma efectiva ante situaciones de peligro para personas con trastornos graves o sus entornos.

Desigualdad regional y capacidad de internación

Transcurridos 15 años desde que se reglamentó la norma actual, solo 16 jurisdicciones se han sumado formalmente a ella. En términos de infraestructura, únicamente 18 provincias poseen hospitales generales con áreas de salud mental, mientras que solo 20 cuentan con plazas de internación disponibles. Esta coyuntura profundiza las brechas de acceso a la salud, principalmente en zonas con menores recursos.

Ante este panorama, la reforma propone que las internaciones por cuadros leves se realicen en hospitales generales, mientras que las instituciones y centros especializados se reserven exclusivamente para casos de mayor gravedad. El propósito es impedir que pacientes con diagnósticos complejos sean derivados a establecimientos generales que carecen de las herramientas necesarias para un tratamiento idóneo.

Nuevos parámetros para la evaluación de riesgo

Uno de los ejes centrales de la actualización refiere a las condiciones de internación. Bajo la regulación actual, una internación involuntaria solo es posible si se detecta un "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros". Este enfoque se limita al estado del paciente en el instante exacto de la revisión médica, lo que suele bloquear acciones preventivas durante una crisis.

La nueva propuesta sugiere aplicar un criterio situacional para medir el riesgo. Esto implica analizar el panorama global del paciente, incluyendo sus antecedentes próximos de riesgo y la trayectoria probable de su cuadro clínico si no recibe asistencia inmediata.

Rol profesional y plazos judiciales

La modificación establece que, en la determinación de internaciones involuntarias, uno de los profesionales actuantes debe ser obligatoriamente un médico psiquiatra, a diferencia del sistema previo que no exigía su presencia en todos los casos. Con esto se pretende asegurar un diagnóstico clínico integral y evitar errores en la distinción entre patologías médicas y afecciones puramente de salud mental.

Se ratifica que la internación se mantendrá como una herramienta excepcional. En contextos de urgencia, un médico podrá ordenar una internación involuntaria, la cual deberá ser avalada por un equipo interdisciplinario en un margen de 24 horas. Asimismo, se proyecta ampliar de 10 a 24 horas el tiempo para informar a la justicia. En cuanto a las internaciones voluntarias, si un paciente pide el alta pero su capacidad de decisión se encuentra comprometida, el proceso podrá transformarse en involuntario con la debida notificación judicial.

Estas reformas buscan fortalecer la coordinación entre los diversos dispositivos de atención y brindar al sistema de salud instrumentos eficaces para actuar con celeridad ante problemáticas de alta complejidad.