Avance legislativo que limita el poder del Gobierno
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por la senadora peronista Alejandra Vigo, ha acordado impulsar un dictamen que busca modificar la normativa sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa, impulsada por un acuerdo entre el kirchnerismo y otros sectores de la oposición, apunta a restringir una herramienta clave para el Gobierno.
El dictamen consensuado establecería un plazo de 30, 60 o 90 días para que los DNU sean obligatoriamente aprobados tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores. Bajo la ley actual, los decretos continúan en vigencia si no son rechazados por ambas cámaras, sin un límite de tiempo definido. Además, el despacho contemplaría que la votación negativa de una sola de las Cámaras sería suficiente para que el decreto quede sin efecto.
Durante la reunión, se percibió un amplio consenso entre las distintas bancadas opositoras, a pesar de que el texto del dictamen aún no ha sido finalizado. Si el Senado aprueba la medida, el desafío pasará a la Cámara de Diputados, donde se deberá dictaminar y sancionar la iniciativa antes del 10 de diciembre, fecha en que se renueva la composición del Congreso. El Gobierno ve en esta renovación una oportunidad para fortalecer su posición legislativa y defenderse del uso de los DNU.
Entre los ajustes propuestos, se encuentran cambios en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que es la encargada de analizar los decretos, incluyendo su integración y autoridades. También se considerarían los plazos para que la Jefatura de Gabinete informe al Congreso sobre las decisiones, las mayorías requeridas para su votación y la nulidad de los decretos una vez rechazados, en cuanto a los derechos que hayan sido adquiridos durante su vigencia.
La senadora Guadalupe Tagliaferri, del sector de Horacio Rodríguez Larreta, recordó que la ley actual fue promovida en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner y afirmó que “es más fácil tener un decreto que una ley, que tiene que aprobarse por ambas Cámaras mientras que, un decreto, no”. Por su parte, la senadora Florencia López (La Rioja) señaló: “Es importante que se avance en esta modificación. Si no, tenemos que cerrar las puertas de esta institución”. El senador justicialista disidente Juan Carlos Romero (Salta) consultó qué sucedería si una de las cámaras lo aprobara y la otra lo rechazara.
El senador Carlos Espínola (Corrientes), exaliado del oficialismo, consideró que “La utilización de los DNU, como está la ley, habilita a usarlos en contra del sistema democrático”.
Desde el oficialismo, el senador Juan Carlos Pagotto, que preside la comisión de Justicia, sugirió convocar a constitucionalistas, argumentando que “Es un tema delicado y le debemos un tratamiento serio”. Sin embargo, su propuesta no fue escuchada.
Esta movida opositora se da en un contexto de alta tensión política en el Congreso, en un momento en que la Casa Rosada ha tenido respuestas limitadas a la situación. Si el Senado aprueba el proyecto y luego Diputados lo sanciona, el Ejecutivo podría vetarlo. Para insistir con la norma, se necesitarían los dos tercios de los votos en ambas cámaras. Es posible que para ese momento ya se haya producido el recambio legislativo del 10 de diciembre, fecha en la que el Gobierno espera ganar fuerza para evitar la discusión y conservar esta facultad para su gestión.
