Adolescentes trans van a la Justicia contra el decreto de Milei que prohíbe terapias hormonales
Cuatro adolescentes trans de la Ciudad de Buenos Aires presentaron una acción de amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, que restringe el acceso a terapias de hormonización y bloqueos hormonales para menores de 18 años.
La demanda, impulsada por el Frente Nacional Orgullo y Lucha, busca una medida cautelar que les permita continuar con sus tratamientos para evitar el impacto negativo que su interrupción abrupta podría generar en su desarrollo y bienestar. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.
Desde organizaciones de derechos humanos como 100% Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) calificaron la medida como "un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos" y una violación al principio de progresividad y no regresión, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales.
El decreto modifica la Ley de Identidad de Género (26.743) e impide que menores de edad accedan a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas. Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la norma "es nula de nulidad absoluta e insanable" porque no cumple con los requisitos de habilitación exigidos por la Constitución para un DNU y además vulnera derechos fundamentales, como la identidad de género y la no discriminación.
La comunidad médica también expresó su preocupación. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió que suspender estos tratamientos podría generar graves consecuencias físicas y psicológicas, incluyendo depresión severa y un aumento del riesgo de suicidio. "El acceso a tratamientos adecuados mejora significativamente la calidad de vida y el bienestar", sostiene un comunicado de la entidad.
A nivel legal, expertos recuerdan que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los menores a expresar su opinión en decisiones que los afecten y a ejercer su autonomía progresiva en cuestiones de salud.
Organizaciones de derechos humanos, como Munay, integrada por familias de niños y adolescentes trans, insistieron en que el decreto implica una grave regresión en materia de derechos y advirtieron que no permitirán que se les niegue el acceso a la salud y al trato digno.
"Esperamos que la Justicia garantice los derechos de nuestros hijos. No podemos permitir que se vulneren sus derechos humanos fundamentales", afirmó Natalia Bertazzoli, representante de la agrupación.
Con información de Clarín
