sábado 2 de marzo de 2024
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El presidente de la AMFJCH presentó una solicitud al Ejecutivo provincial por la renuncia del ministro del STJ

Con motivo de la vacancia que se producirá próximamente por la renuncia del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, el presidente de la Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut (AMFJCH), Claudio Petris remitió días pasados una nota al gobernador de la provincia Ignacio Torres.
lunes 12 de febrero de 2024
El presidente de la AMFJCH presentó una solicitud al Ejecutivo provincial por la renuncia del ministro del STJ

En la misma se solicita se tenga en cuenta para una futura designación “que los Poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la obligación de garantizar un proceso público, transparente, independiente y calificado en la designación de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, a la par de avanzar hacia la igualdad de género”.

Asimismo, plantea que “es imprescindible que el máximo órgano de justicia de la provincia se integre con personas de acreditada trayectoria en defensa de la independencia judicial y de los derechos humanos, con conocimiento de la diversidad regional en el funcionamiento del sistema judicial y que demuestren una actividad proactiva en contra de la violencia de género”, continúa la nota.

Además, “en los últimos años se produjeron vacantes en el máximo Tribunal provincial, hasta alcanzar el número de cuatro cargos a cubrir. En esa inédita situación, el exgobernador, escribano Mariano Arcioni, realizó una propuesta a la Legislatura Provincial que consolidó y perpetuó la discriminación histórica que sufren las mujeres en el acceso a la máxima magistratura de la provincia”.

Por otra parte, plantea que “por ello, le solicitamos que, en oportunidad de formular la futura postulación, se garantice la igualdad real y efectiva de género en el ámbito del máximo órgano del Poder Judicial”, expresa el comunicado.

Finalmente, pide “respetar la igualdad, la procedencia regional y la idoneidad en la conformación del Máximo Tribunal de Justicia constituye una obligación institucional ineludible para los gobernantes. Pero ese deber tiene hoy una singular fuerza simbólica, no sólo por tratarse de un órgano central en la arquitectura de nuestro sistema republicano y democrático, garante de la Constitución y de los valores que representa, sino porque desde su conformación histórica hace ya más de sesenta años no se ha respetado en su integración la diversidad regional ni el derecho de las mujeres de ocupar en igualdad de condiciones que los hombres, el máximo cargo de la magistratura”.

 

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