Renunciaron 62 jueces y fiscales por la reforma del régimen jubilatorio

Tras la aprobación de la ley que establece recortes en las jubilaciones de los jueces, las vacantes en el Poder Judicial llegan a un 30 por ciento porque son unos 62, al menos, los jueces, fiscales y defensores de la Justicia Nacional que presentaron sus renuncias al cargo para no perder los beneficios jubilatorios desde que se comenzó a discutir el proyecto hace un mes.

El nuevo régimen jubilatorio establece que los jueces se jubilarán a los 65 años y no a los 60 (excepto las mujeres), que su haber inicial se calculará a partir del 82 por ciento móvil del promedio de los sueldos de los últimos diez años actualizados por un índice que no se especificó, que el índice de aportes se eleva del 12 por ciento sin tope al 18 por ciento, y que al jubilarse pierden el estado judicial, es decir que no pueden ser más convocados como jueces subrogantes, lo que ocurre actualmente. Estas son las reformas más salientes.

Entre los que renunciaron no están los jueces y fiscales de Comodoro Py 2002, más visibles por el impacto político de sus resoluciones, sino que en su mayoría son jueces, defensores y fiscales de Cámara del interior del país.

Una situación particular se dio entre los fiscales. Los que presentaron la renuncia fueron 23. Pero, con el correr de los días ocho fiscales retiraron las renuncias.

En las fiscalías, sobre un total de 381 cargos en el fuero federales hay 142 vacantes, a las que se suman estos 15 que renunciaron. A ellos hay que sumar a unos 20 que son fiscales jubilados, pero convocados y que con la nueva ley está en duda si pueden seguir adelante con sus juicios. De este modo, las vacantes entre las fiscalías llegarían casi al 50 por ciento, consignó el diario La Nación.

Una situación particular es la de los jueces y fiscales jubilados que fueron convocados para actuar en juicios ante las vacantes del sistema. En el caso de los jueces hay dos emblemáticos: José Martínez Sobrino y Julio Panello. Ambos están llevando adelante el juicio por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario kirchnerista Ricardo Jaime desde hace un año.

La ley dice que un juicio oral no puede interrumpirse más de 10 días, pero si se interpreta que ambos jueces, con la nueva ley, ya no gozan de “estado judicial”, se verían obligados a irse, con lo que caería ese juicio oral y otros en los que intervienen, incluida la tragedia del avión de Austral.

Entre los fiscales puede ocurrir lo mismo, aunque en los juicios importantes o prolongados generalmente son dos los que actúan por la acusación, por lo que si uno se debe ir siempre queda el otro.