Piden postergar las elecciones de 2027 por la coincidencia con una festividad judía

El Superior Rabinato de la AMIA pidió postergar las elecciones nacionales de 2027 debido a su coincidencia con la festividad judía de Simjat Torá. Solicitan reprogramar la fecha a un domingo posterior para garantizar el derecho al voto.
sábado 21 de noviembre de 2026
Eliahu Hamra, rabino de AMIA, envió una solicitud a las utoridades ejecutivas, legislativas y judiciales para cambiar la fecha de elecciones
Eliahu Hamra, rabino de AMIA, envió una solicitud a las utoridades ejecutivas, legislativas y judiciales para cambiar la fecha de elecciones

La presentación formal es emitida por el gran rabino Eliahu Hamra, y advierte que la fecha del 24 de octubre de 2027 impide a los practicantes utilizar medios de transporte o realizar actos formales como votar. "La coincidencia con Simjat Torá impediría a los judíos observantes votar sin vulnerar sus convicciones religiosas", sostuvo Hamra en la presentación dirigida al presidente Javier Milei y a las autoridades legislativas y judiciales. Ante este panorama, la solicitud adquiere relevancia nacional y resuena en comunidades de Chubut y Comodoro Rivadavia, donde residen ciudadanos pertenecientes a la colectividad.

Rechazo al adelantamiento de la fecha

El representante religioso aclaró que, para su comunidad, los comicios deben trasladarse a una fecha posterior y no adelantarse. Según explicó en el escrito, el domingo previo del 17 de octubre coincide con Sucot, la Fiesta de las Cabañas, donde también rigen restricciones severas. Por ello, la institución fundamentó su solicitud en los artículos 14, 16 y 37 de la Constitución Nacional, haciendo hincapié en la libertad de culto y la igualdad de derechos políticos.

Antecedentes legales en Argentina

El documento técnico recuerda que en el país existen antecedentes de modificaciones al calendario electoral. Entre los casos citados destacan la Ley 27.631, que corrió la elección de 2021 por la pandemia, además de los cambios excepcionales en los procesos de 1989, 2003 y 2009. Con este planteo, las autoridades de la comunidad buscan un consenso institucional que garantice el ejercicio pleno de los derechos cívicos.