Caso Ueno Bank: la Fiscalía investiga un perjuicio de más de US$809 millones y complica a Peña
La crisis financiera desatada por el cierre de Ueno Bank en Paraguay sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía presentó una imputación contra el expresidente Santiago Peña y el ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas con la entidad bancaria, que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial superior a los 809 millones de dólares.
La presentación fue realizada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, quienes también solicitaron la prisión preventiva de ambos exfuncionarios.
A Peña se le atribuyen los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que Carvallo también fue imputado por presunta producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
La investigación se desarrolla después de la destitución y detención del exmandatario, en medio de una crisis bancaria que afectó a millones de ahorristas paraguayos.
Más de US$809 millones bajo investigación
Uno de los principales ejes del expediente es el destino de los fondos que distintos organismos estatales depositaron en Ueno Bank entre 2023 y 2026.
Según la documentación citada por la Fiscalía, entre las instituciones involucradas figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, Yacyretá, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y diferentes cajas jubilatorias.
Un informe de la Dirección General del Tesoro Público estableció que, hasta septiembre de este año, los depósitos estatales en la entidad alcanzaban los 3,6 billones de guaraníes y otros 233,4 millones de dólares.
A partir de esos registros, los investigadores calcularon un presunto perjuicio patrimonial superior a los 809 millones de dólares, compuesto por aproximadamente 576,1 millones equivalentes en moneda paraguaya y 233,4 millones depositados en dólares.
Sin embargo, esos montos forman parte de la hipótesis fiscal y todavía deberá determinarse judicialmente qué proporción de los recursos constituye una pérdida efectiva para el Estado.
Los vínculos económicos de Peña con el banco
La imputación también examina la relación patrimonial que Santiago Peña habría mantenido con empresas vinculadas al grupo económico propietario de Ueno Bank mientras ejercía la Presidencia.
De acuerdo con la investigación, en 2019 adquirió 1.500 acciones preferidas de Credicentro SAECA por 1.500 millones de guaraníes. Esa firma posteriormente pasó a integrar Ueno Holding.
Los fiscales también analizaron su declaración jurada de agosto de 2023, en la que informó un patrimonio neto de 23.024 millones de guaraníes, lo que representaba un incremento del 1.603% respecto de su presentación de 2017.
Entre los activos identificados aparecen acciones, un certificado de depósito por 2.400 millones de guaraníes y un bono de una compañía vinculada al Grupo Vázquez.
Aunque Peña habría rescatado sus acciones en marzo de 2025, según el expediente mantuvo otros instrumentos financieros relacionados con ese conglomerado.
Préstamos millonarios y fondos previsionales
Otro aspecto de la investigación está relacionado con dos préstamos que Ueno Bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024.
Las operaciones sumaban 3.548 millones de guaraníes y estaban destinadas a financiar la construcción de una vivienda en San Bernardino.
Según la acusación, las cuotas mensuales ascendían a 239 millones de guaraníes, una cifra considerablemente superior a la remuneración presidencial informada para ese período.
El expediente también menciona reuniones entre Peña y el entonces presidente del Instituto de Previsión Social, Jorge Brítez, realizadas durante agosto de 2024.
Dos días después del último encuentro señalado por los investigadores, el organismo previsional aprobó la adquisición de bonos financieros de Ueno Bank por 250.000 millones de guaraníes, con un plazo de siete años.
La Fiscalía busca determinar si existió una relación irregular entre esas reuniones, las decisiones administrativas y las operaciones financieras realizadas con recursos previsionales.
El papel del expresidente del Banco Central
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, quien había ocupado anteriormente la presidencia de Financiera Ueno y posteriormente fue designado titular del Banco Central del Paraguay.
Los fiscales consideran que esa trayectoria podría haber generado un conflicto de intereses en decisiones relacionadas con la autorización, regulación y supervisión de la entidad bancaria.
La acusación menciona posibles irregularidades en operaciones con personas y empresas vinculadas, así como observaciones sobre la situación patrimonial del banco.
Además, Carvallo está investigado por presuntas omisiones de información en documentos remitidos al Senado.
La investigación por los sobres con dinero
El expediente incorpora elementos de otra investigación periodística conocida como Sobres del poder.
Según la hipótesis fiscal, dos paquetes que contenían 100.000 dólares cada uno habrían sido encontrados por personal doméstico en sectores privados de la residencia presidencial Mburuvicha Róga.
Los investigadores también analizan reuniones reservadas entre Peña y Miguel Vázquez, empresario vinculado al grupo propietario de Ueno, realizadas durante distintos períodos de su gestión.
Estas circunstancias forman parte de las diligencias judiciales destinadas a establecer si existieron beneficios particulares o irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Una causa que profundiza la crisis política
La imputación representa un nuevo avance de la investigación judicial después de la salida de Peña de la Presidencia y de la intervención de Ueno Bank.
El proceso busca establecer las responsabilidades de los exfuncionarios, el destino de los depósitos estatales y la legalidad de las operaciones financieras realizadas durante los últimos años.
Por ahora, las acusaciones constituyen hipótesis del Ministerio Público y no una condena penal. La responsabilidad de los imputados deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.
Mientras tanto, el caso mantiene bajo presión a las instituciones paraguayas y a un sistema financiero que intenta recuperar la confianza de los ahorristas afectados.
