Explotación de petróleo en Malvinas: la Justicia Federal unificó dos causas por operaciones ilegales de empresas británicas

La Cámara Federal dispuso que dos denuncias impulsadas por el Gobierno nacional contra petroleras que operan sin autorización en la plataforma continental argentina pasen a tramitarse en conjunto bajo el Juzgado Federal N° 12. La resolución del juez Eduardo Farah busca evitar fallos contradictorios sobre los derechos del país en la cuenca de las Islas Malvinas y resguardar la política de Estado irrenunciable sobre la soberanía del Atlántico Sur.
lunes 26 de octubre de 2026

La Cámara Federal resolvió que dos de los reclamos judiciales impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional vinculados con las tareas de extracción petrolera en el archipiélago atlántico se unifiquen en un mismo trámite, con la finalidad de eludir resoluciones contrapuestas vinculadas al dominio territorial de la Nación.

El magistrado Eduardo Farah tomó intervención para resolver la controversia de competencia planteada y dispuso que los expedientes identificados como CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden radicados bajo la jurisdicción del Juzgado Federal N° 12, cuyo despacho se halla subrogado por el juez Julián Ercolini.

La primera de las actuaciones judiciales fue promovida por la Cancillería Argentina contra la compañía británica Desire Petroleum, a raíz de los trabajos extractivos ejecutados en el yacimiento Sea Lion. En tanto, la presentación restante cuestiona la realización de actividades hidrocarburíferas en otro sector de la plataforma continental por parte de una firma diferente, sin contar con las autorizaciones correspondientes expedidas por las autoridades nacionales.

Fundamentos de la unificación de los expedientes

A pesar de que el juez Ercolini había rechazado asumir la competencia sobre los actuados, el camarista Farah evaluó que “la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación”.

En esa misma línea argumentativa, la resolución judicial remarcó: “Las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”.

Asimismo, el integrante de la cámara subrayó la relevancia de esquivar decisiones opuestas en los tribunales, atento a que la totalidad de los planteos refieren a “los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas”.

“Siendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía en ellas un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios cobra aquí una particular importancia, en virtud de las eventuales repercusiones de lo que se resuelva pueda tener en la política permanente del Estado argentino sobre el asunto”, acotó el magistrado.

Con información de NA.