Investigan vuelos sin autorización británicos entre Punta Arenas y Malvinas
El Gobierno nacional denunció penalmente a la empresa Thales por realizar vuelos no autorizados entre Punta Arenas y las islas Malvinas, tras detectar incursiones aéreas irregulares en el espacio patagónico durante septiembre de 2026.
La demanda fue formalizada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, ante el juez federal Sebastián Ramos, quien delegó la instrucción en el fiscal Ramiro González. El expediente penal analiza las maniobras de un avión bimotor presurizado Beechcraft B200 Super King Air, con matrícula británica G-FPLD, perteneciente a la división de inspección de vuelos de la firma europea.
De acuerdo con la presentación judicial, la aeronave despegó desde la región chilena hacia el archipiélago el 19 de septiembre y regresó cinco días después por el mismo corredor austral. “Las operaciones fueron realizadas sin haber sido informadas a la autoridad aeronáutica ni haberse tramitado el permiso correspondiente”, señala la denuncia de la ANAC, donde además se advirtió que la compañía ya conocía las restricciones vigentes para operar en el espacio aéreo nacional.
Frente a este escenario, las autoridades argentinas solicitaron el decomiso inmediato de la máquina e imputaron presuntas infracciones al artículo 190 del Código Penal y al artículo 223 del Código Aeronáutico, enfocado en el cruce clandestino de fronteras. Al ser consultada sobre las operaciones en la zona austral, la subsidiaria local de la compañía prefirió el hermetismo: “Thales es el propietario de la aeronave. Pero las obligaciones de confidencialidad nos impiden hablar sobre detalles específicos de los contratos”, respondieron fuentes de la firma.
La multinacional no solo mantiene contratos con el Ministerio de Defensa británico para calibrar sistemas en la base militar de Mount Pleasant, sino que también actúa como proveedora tecnológica de radares y equipamiento para el Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea.
El avance judicial se encuadra en el endurecimiento del monitoreo de los recursos y la soberanía en la cuenca del Atlántico Sur frente a actividades petroleras ilegítimas en las islas. En ese sentido, la administración central reforzó la advertencia a las corporaciones internacionales: “El presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, remarcó el comunicado oficial emitido desde Casa Rosada.
Redactado con información de Clarín y Perfil
