Estuvo 70 días en terapia intensiva tras un experimento escolar y la Justicia condenó al colegio

Un juzgado civil de Córdoba condenó a un colegio privado a indemnizar a una alumna que sufrió severas quemaduras durante un experimento de química, al considerar que la institución incumplió las normas básicas de seguridad y supervisión escolar.

El trágico episodio ocurrió durante una actividad pedagógica denominada la serpiente del faraón, una práctica que requería la manipulación de elementos inflamables para generar una combustión controlada. En medio del ensayo, una compañera de curso vertió alcohol sobre una mezcla, lo que provocó una deflagración inmediata y una expansión ígnea que alcanzó de lleno a la víctima de 17 años.

A raíz de las lesiones, la joven permaneció internada en terapia intensiva durante 70 días y debió atravesar decenas de intervenciones quirúrgicas complejas, incluyendo ablaciones y autoinjertos de piel. Tras un extenso proceso de rehabilitación, los exámenes médicos determinaron que la estudiante quedó con una incapacidad psicofísica permanente, con secuelas de extrema gravedad que afectaron su desarrollo cotidiano.

Al momento de resolver, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 51.° Nominación, el juez Gustavo Massano, encuadró el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva y definió el vínculo educativo como un "verdadero contrato de consumo". De esta manera, el magistrado rechazó las defensas del establecimiento y de la compañía aseguradora, que pretendían deslindar responsabilidades argumentando una conducta imprevista por parte de otra alumna.

En su resolución, el juez remarcó que los estudiantes no constituyen "terceros extraños" respecto a la escuela, sino que se encuentran bajo el deber irrenunciable de custodia y seguridad del recinto. Asimismo, subrayó que el accionar impulsivo de adolescentes frente a elementos inflamables representa una contingencia previsible que toda autoridad educativa debe prevenir.

Las pericias técnicas en higiene y seguridad incorporadas al expediente revelaron que el laboratorio escolar no contaba con elementos básicos de protección personal ni medidas de contención para siniestros. La institución tampoco aplicó su propio manual interno de procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas.

Por último, la sentencia cuestionó con dureza la insuficiente supervisión docente, dado que una única profesora se encontraba a cargo de monitorear en simultáneo a varios grupos que manipulaban fuego. El tribunal constató que las pruebas se ejecutaron de manera paralela sin orden secuencial, sin personal auxiliar de apoyo y sin una inspección previa de los recipientes de alcohol ingresados al aula.

Redactado con información de NA