Condenan a pareja por esclavitud moderna en Santa Cruz

Condenaron a una pareja a 8 años de prisión por explotar a una joven migrante durante tres años. El fallo incluye un resarcimiento de 90 millones de pesos. La víctima logró ser rescatada gracias a la ayuda de una vecina.
viernes 02 de octubre de 2026

Una pareja fue condenada a ocho años de prisión y al pago de 90 millones de pesos tras explotar laboralmente a una joven boliviana en Río Gallegos y Gobernador Gregores entre 2015 y 2018, marcando un precedente judicial en Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, a cargo del juez Mario Reynaldi, halló culpables a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo por el delito de trata de personas agravado. Según la investigación del fiscal Gastón Franco Pruzan, los condenados aprovecharon la vulnerabilidad económica y el desarraigo de la víctima, de 19 años, para someterla a jornadas laborales extenuantes que iban desde las seis de la mañana hasta la medianoche, sin remuneración legal ni libertad ambulatoria.

El fiscal Pruzan argumentó durante el debate que los imputados "se valieron de la vulnerabilidad en que se encontraba la víctima antes de los hechos", anulando su voluntad mediante el control de sus comunicaciones y la retención de su documentación. La joven, quien fue obligada a actuar como pantalla administrativa en contratos comerciales, vivía bajo constante amenaza de deportación y represalias contra su familia en Bolivia.

El calvario terminó en 2018 gracias a la intervención de una vecina en Gobernador Gregores, quien notó el estado de angustia de la joven y le facilitó un teléfono celular para contactar a la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz. Este acto de solidaridad permitió que las autoridades iniciaran el proceso de rescate, respaldado por el Programa Nacional de Rescate y pericias interdisciplinarias que confirmaron la veracidad del relato de la sobreviviente.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo incluyó una histórica reparación económica de 90 millones de pesos, fundamentada en principios de justicia restaurativa. El tribunal ordenó también investigar posibles abusos adicionales en el domicilio de los condenados, remitiendo las actuaciones a la justicia provincial para profundizar sobre el historial de violencia ejercido contra la víctima.

 

Redactado con información de La Opinión Austral