La Legislatura de Chubut aprobó la ley que limita las deducciones salariales al 25% y lanza un programa de alivio financiero

Tras la iniciativa enviada por el gobernador Ignacio Torres, el Parlamento chubutense sancionó la norma que prohíbe los cobros abusivos sobre haberes de estatales, jubilados y pensionados mediante códigos de descuento. La regulación fija topes al costo financiero de los créditos, exige que el sueldo de bolsillo supere el Salario Mínimo, Vital y Móvil y crea una línea de crédito provincial al 35% de tasa para reestructurar deudas familiares.
jueves 17 de septiembre de 2026

La histórica medida busca sanear la economía de miles de familias en Comodoro Rivadavia y el resto de la provincia, quienes sufrían débitos automáticos desproporcionados en sus cuentas sueldo. La iniciativa del Ejecutivo Provincial establece un marco regulatorio estricto para las entidades financieras que operan mediante códigos de descuento.

Un freno a las tasas abusivas

La nueva normativa dispone que la totalidad de las deducciones por planilla no podrá superar el 25% de la remuneración bruta de los agentes públicos, jubilados y pensionados. Asimismo, se garantiza que el ingreso neto resultante tras los descuentos nunca sea inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, protegiendo el sustento básico de los hogares chubutenses.

El gobernador Ignacio Torres recordó que la iniciativa surgió tras detectar operaciones financieras con tasas de interés que superaban el 340% anual. Al respecto, el mandatario provincial destacó: "Dimos un paso fundamental para terminar con un sistema que durante años permitió que algunas entidades hicieran un negocio con la necesidad de los trabajadores".

Nuevas herramientas de alivio financiero

Además de los límites a los descuentos, la ley crea el Programa de Alivio Financiero, diseñado para facilitar la refinanciación de deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales. Podrán acceder a este beneficio aquellos residentes de Chubut cuyos ingresos familiares no superen los diez salarios mínimos, con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35% y un plazo de devolución de al menos 24 meses.

A partir de ahora, las entidades financieras deberán inscribirse en un registro obligatorio y detallar con precisión el costo financiero total de cada operación. En caso de incumplimiento, los descuentos automáticos serán suspendidos de inmediato, asegurando un control efectivo por parte del Estado provincial.