Sin celdas adecuadas, la Justicia y la Policía coordinan medidas por el régimen juvenil
Autoridades judiciales, fiscalía, defensores públicos penales, representantes de la Asesoría de Familia y la plana mayor de la Policía de la provincia se reunieron en la Unidad Regional con el objetivo de coordinar criterios operativos de actuación ante la implementación del nuevo régimen penal juvenil, vigente desde el 5 de septiembre. El encuentro abordó con especial énfasis la carencia actual de infraestructura adecuada y la necesidad de contar con personal técnico capacitado para la contención de menores en conflicto con la ley penal.
Falta de infraestructura, alternativas edilicias y controles telemáticos
Durante la reunión se plantearon parámetros comunes de intervención para situaciones que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años. Al respecto, el fiscal jefe Cristian Olazabal remarcó la importancia del trabajo articular y las limitaciones edilicias existentes para albergar a los jóvenes:
"Nos reunimos en la unidad regional junto a todos los jefes de la comisaría, jefe de unidad, segundo, participó la doctora Suárez, defensores públicos penales y representantes de la asesoría de familia con el fin de establecer criterios uniformes en cuanto al nuevo régimen penal de menores, ya que no contamos con la infraestructura y las condiciones necesarias para mantener a los menores en situación de detención, entonces establecieron parámetros de actuación comunes respecto de los conflictos que se puedan suscitar con menores de 14 años y hasta el margen de los 18", sostuvo Olazabal.
Asimismo, el fiscal jefe detalló que se evalúan alternativas procesales rápidas para evitar la permanencia prolongada de adolescentes en dependencias policiales comunes o inadecuadas: "Buscamos alternativas de actuación rápida, de actuación conjunta, también evaluar la necesidad de la intervención de los otros organismos, tengamos presente de que una vez que se activa el sistema de justicia penal, las medidas de protección no se resuelven desde el ámbito penal, hay organismos especializados y serán ellos quienes tendrán la responsabilidad de determinar qué medidas se toman con ese menor y al cuidado de quién van a permanecer".
Olazabal detalló además los requerimientos operativos que exige la norma y el rechazo a propuestas iniciales de alojamiento que resultaban incompatibles con la realidad local: "La ley establece que tiene que ser personal especializado, hoy por hoy no contamos con este personal, entonces bueno, con el recurso que tenemos cómo vamos a aplicar la ley, ya que es una norma vigente y estamos obligados a hacerlo. Hubo propuestas por parte de la asesoría que sean lugares de detención como por ejemplo comisaría de la mujer, policía comunitaria, desde plano rechazamos que sea comisaría de la mujer porque la conflictividad de violencia familiar que tiene Comodoro es muy alta y era incompatible la permanencia de los menores ahí, también en la policía comunitaria. Lo que se hizo saber por parte de la unidad regional es que estos lugares en los que deberían permanecer menores privados momentáneamente de la libertad no dependen del Ministerio de Seguridad, sino de otra órbita del Poder Ejecutivo".
Respecto a las medidas paliativas de detención y el uso de la tecnología para agilizar los trámites judiciales, el fiscal señaló: "Es una de las medidas que se tomó con el primer caso que tuvimos, el juez penal dispuso que sea trasladado al domicilio y que se celebre la audiencia de control al día siguiente, que hemos coordinado dependiendo también de la gravedad del delito, si se trata de delitos de baja lesividad que podamos hacer los controles de detención telemáticamente, lo cual permitiría dar celeridad al proceso y también deslindar de responsabilidad al personal policial por cualquier contingencia que se presente durante su permanencia en una dependencia policial".
Capacitación del personal preventor y el alcance de la punibilidad
A su turno, la jueza penal Mariel Suárez hizo hincapié en la necesidad imperiosa de adecuar los recursos humanos e institucionales y de profundizar la capacitación del personal policial de calle que interviene como primer preventor: "Cada caso es particular, así que cada caso se va a analizar de forma individual en cómo se va a decidir de parte de las autoridades. Lo que sí les puedo afirmar es que todos los funcionarios estamos recibiendo capacitaciones, pero evidentemente con las capacitaciones no alcanza si no tenemos la infraestructura para alojar a estos jóvenes. Queríamos saber cuál es el nivel de capacitación que está recibiendo el personal preventor, que es el personal policial que va a estar en la calle realizando las detenciones. Algunas instrucciones y comentarios sobre la ley les dimos, pero creo que solamente con eso no alcanza, la buena voluntad no es suficiente, necesitamos lugares, personal capacitado e infraestructura", enfatizó la magistrada.
Por último, Suárez subrayó el concepto central que debe regir en los operativos de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial ante la responsabilidad penal desde los 14 años: "A muchos los sorprendió la implementación del 5 de septiembre. Frente a ese desconocimiento decidimos con los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa sentarnos a charlar. Vamos a tratar de transmitirle al personal policial cuál es la atención primaria que tienen que tener, porque tenemos que tener en consideración que hoy los menores son responsables a partir de los 14 años, ya no tenemos diferenciación de delitos, pero sí hay que tener en claro y transmitirle a la sociedad que punibilidad no es igual a castigo en todos los casos. El personal policial tiene que actuar con esa premisa, sobre todo en delitos de escasa lesividad".
