Irregularidades en la SUBE y despidos: la crítica situación de las trabajadoras de casas particulares
Las trabajadoras de casas particulares de la región atraviesan un panorama cada vez más complejo, donde la crisis económica generalizada se ve agravada por fallas operativas en el transporte público que golpean directamente sus ingresos. Según detalló Liliana Muñoz, referente del gremio local, el sector padece fuertes inconsistencias en el cobro de pasajes, el incumplimiento de adicionales salariales por parte de los empleadores y una continua caída en los puestos de trabajo. La falta de respuestas institucionales ante estos reclamos deja a las trabajadoras en un estado de desprotección que impacta en su economía cotidiana.
En diálogo con Crónica, Muñoz enfatizó que la falta de respuestas por parte de las autoridades incrementa la incertidumbre entre las empleadas. La dirigenta explicó que desde el propio sindicato se han realizado gestiones ante el área de Transporte, pero las explicaciones recibidas coinciden en atribuir el problema a una falla técnica de jurisdicción nacional sobre la que no tienen control local. Para las trabajadoras, esta triangulación administrativa resulta insostenible, ya que las distancias geográficas y la falta de canales de atención eficaces en Buenos Aires vuelven imposible canalizar un reclamo individual o colectivo que resuelva la situación en el corto plazo.
Asimismo, la referente remarcó al medio periodístico las barreras cotidianas que genera la brecha digital y la falta de bancarización dentro del sector. Ante las fallas recientes para realizar recargas presenciales en los puntos habituales de la ciudad, muchas empleadas quedaron completamente varadas o imposibilitadas de viajar, dado que no todas cuentan con cuentas virtuales como Mercado Pago o billeteras electrónicas para saldar el pasaje. Esta combinación de cobros indebidos y dificultades operativas para cargar saldo termina impactando en salarios de por sí ajustados, obligando en muchos casos a recurrir a la solidaridad de familiares o pares para poder asistir a sus puestos de trabajo.
Finalmente, la representante gremial expuso ante la prensa la cruda realidad social que afecta a las trabajadoras que sufren reducciones de jornada o la pérdida total de su empleo. Muñoz relató que la demanda de ayuda social se ha incrementado notablemente en la sede sindical, donde con frecuencia las compañeras desocupadas o con horas recortadas acuden a solicitar asistencias básicas como bolsones de alimentos. La situación resulta crítica, dado que en su gran mayoría se trata de madres solteras que deben afrontar el pago de alquileres y la manutención integral de sus hijos en un contexto donde los aumentos salariales fijados no logran compensar la inflación generalizada.
Fallas en el sistema SUBE y costos de transporte insostenibles
El principal motivo de malestar actual entre las empleadas del sector radica en los cobros indebidos de la tarjeta SUBE. A pesar de contar con el beneficio de la Tarifa Social —que les otorga un 50% de descuento y debería fijar el boleto en torno a los $550—, las máquinas validadoras de los colectivos registran descuentos erróneos de hasta $2.200 por viaje. Este costo no solo duplica la tarifa plana habitual de $1.275, sino que cuadruplica lo que legalmente les corresponde abonar. Ante las quejas, los choferes explican que el cobro es automático y no tienen forma de reembolsar el dinero, mientras que desde la Secretaría de Transporte local y las oficinas de ANSES atribuyen la falla a un problema del sistema centralizado a nivel nacional. A este sobrecosto, que llega a $3.500 en los trayectos hacia Rada Tilly, se le sumó la imposibilidad de cargar saldo en puntos presenciales durante varios días, perjudicando especialmente a quienes no están bancarizadas o no utilizan billeteras virtuales.
Caída del empleo e incumplimiento de la zona desfavorable
Esta problemática con el transporte se enmarca en un contexto de retracción laboral preocupante, donde se estima que la cantidad de trabajadoras activas cayó cerca de un 20%, pasando de 400 a aproximadamente 350 en el último período. El ritmo de desvinculaciones, que en momentos críticos alcanzó entre cuatro y cinco bajas semanales, afecta mayoritariamente a mujeres sostén de familia que deben afrontar alquileres y la manutención de sus hijos. A la par del recorte de horas de trabajo y la insuficiencia de las últimas pautas salariales, desde el sindicato hicieron un llamado a los empleadores para que cumplan con la obligación de abonar el 31% correspondiente al adicional por zona desfavorable en el personal registrado. Muñoz remarcó que este porcentaje representa un alivio crucial para el bolsillo de las trabajadoras y advirtió que la omisión de este pago generará deudas acumuladas que deberán saldarse obligatoriamente ante eventuales despidos.
