Asociación de Magistrados: "Los jueces y las juezas no somos enemigos de la sociedad"
La Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) emitió un comunicado para responder a las recientes declaraciones del gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres vinculadas a un recurso de hábeas corpus sobre la alimentación de las personas privadas de la libertad.
Frente a los dichos del mandatario, la entidad fue categórica: "Ningún juez ordenó darles asado a los presos". El texto explica que la resolución judicial consistió en aceptar una propuesta elaborada por el propio Estado orientada a garantizar una dieta adecuada, la cual contemplaba la incorporación de cortes de carne de bajo costo, ya sea vacuna, de pollo o cerdo, como fuente de proteínas.
Según detalló la Asociación, durante la audiencia correspondiente, los representantes del Poder Ejecutivo reconocieron que el servicio alimentario en los lugares de detención era deficiente y presentaron la iniciativa para resolverlo. En ese marco, se solicitó al magistrado que intimara al gobierno a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la alimentación ofrecida. Desde la AMFJCH indicaron que la caricaturización de esta resolución genera una indignación ilegítima en la población, manipulando el malestar social originado por el actual contexto económico.
Por otra parte, la institución manifestó su repudio ante el anuncio que la decisión judicial no será cumplida. El comunicado advierte que el Poder Ejecutivo carece de facultades para decidir qué resoluciones acata, remarcando que los derechos de subsistencia de las personas no están sujetos a la conveniencia electoral de las autoridades.
Finalmente, la asociación judicial rechazó la afirmación del gobernador acerca de que los jueces son "más peligrosos que los delincuentes". El documento concluye sosteniendo que el dictado de fallos que limitan o incomodan al poder de turno no convierte a los magistrados en enemigos de la sociedad, sino que constituye una expresión fundamental de la independencia judicial en el marco constitucional.