Dictaron cuatro meses de prisión preventiva al acusado del homicidio en barrio San Martín

La Justicia formalizó este martes la investigación contra Leonel Orlando Sotomayor, de 30 años, acusado de asesinar a José Nahuelmilla durante un violento episodio ocurrido el domingo en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. La jueza Daniela Arcuri declaró legal la detención, autorizó la apertura de la investigación por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispuso que el imputado permanezca en prisión preventiva durante cuatro meses.

Durante la audiencia, la fiscal general Verona Dagotto, acompañada por la funcionaria de Fiscalía Leila Ritta, reconstruyó la secuencia de los hechos a partir de testimonios, registros fílmicos, pericias y el propio reconocimiento efectuado por el acusado al momento de ser identificado por la Policía.

Según expuso la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 13:40 en la intersección de Los Perales y Las Fresas. Personal de la Seccional Séptima acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego. Al arribar, la víctima ya había sido trasladada al Hospital Regional.

En el lugar, un familiar de Nahuelmilla les manifestó a los efectivos que se había producido una pelea y que "un pendejo sacó un fierro y le disparó", aunque en ese momento no quiso identificar al autor porque debía dirigirse al hospital.

Mientras los policías trabajaban en el lugar, observaron a Sotomayor a unos metros de distancia haciendo señas para acercarse. Una vez junto al personal policial, les manifestó espontáneamente que había sido quien disparó con una "tumbera", versión que luego sería contrastada con los elementos secuestrados durante la investigación.

Posteriormente, los investigadores confirmaron el fallecimiento de Nahuelmilla en el Hospital Regional. A partir de testimonios de familiares, vecinos y registros de cámaras de seguridad, la Fiscalía sostuvo que ambos hombres, conocidos desde la infancia, habían mantenido una discusión que derivó en una pelea.

La hermana de la víctima declaró que observó una primera confrontación frente al domicilio del imputado y que intervino cuando vio que Sotomayor buscaba un arma tipo revólver. Según su relato, logró separar a ambos y llevó a su hermano hasta la vivienda, pero este volvió a salir. Minutos después, aseguró haber visto a Sotomayor efectuar los disparos, incluso cuando Nahuelmilla ya se encontraba en el suelo.

Otro de los hermanos indicó que presenció la primera discusión y luego se retiró a su casa. Poco después escuchó las detonaciones y, al salir, encontró a José herido en la vía pública mientras era asistido por su hermana.

Las cámaras de seguridad incorporadas a la causa registraron a ambos hombres interactuando desde las 12:50 y muestran que cerca de las 13:40 la víctima realizaba gestos desafiantes invitando a pelear. Luego se observa la persecución y los primeros disparos, elementos que forman parte de la evidencia analizada por los investigadores.

Durante la inspección ocular no se hallaron proyectiles en la vía pública. Sin embargo, en el patio de una vivienda cercana al domicilio del imputado se secuestró un revólver calibre .32 con dos cartuchos percutados que no llegaron a detonar. Más tarde, durante un allanamiento realizado esa misma noche, la Policía secuestró una tumbera, dos caños y proyectiles compatibles para ese tipo de arma, todos sujetos a pericias.

La autopsia confirmó que Nahuelmilla presentaba dos heridas de arma de fuego: una en la pantorrilla y otra en el tórax, que perforó un pulmón y le provocó un shock hipovolémico que derivó en su muerte. Además, durante el examen forense fue extraído el proyectil alojado en la espalda.

Para la Fiscalía, la evidencia reunida permite sostener que Sotomayor primero efectuó un disparo hacia la pierna de la víctima y luego, cuando esta se encontraba indefensa, realizó un segundo disparo dirigido al tórax, impactando en una zona vital. En función de ello, calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito cuya escala penal prevé un mínimo de 10 años y 8 meses de prisión.

Al solicitar la prisión preventiva, Dagotto argumentó que existe peligro de entorpecimiento de la investigación debido a que imputado, familiares de la víctima y testigos residen en el mismo sector del barrio. Inicialmente requirió que la medida se extendiera por seis meses, plazo previsto para la investigación.

Por su parte, Sotomayor declaró ante la jueza y aseguró que actuó en defensa propia. Relató que había compartido bebidas con Nahuelmilla y otras personas cuando comenzó una discusión. Según su versión, la víctima lo amenazó con esperarlo afuera de la vivienda y permaneció entre 30 y 45 minutos sin poder salir porque le advertían que José estaba armado con un cuchillo.

El imputado sostuvo que más tarde regresó al lugar para buscar una campera olvidada y volvió a encontrarse con Nahuelmilla. Afirmó que este intentó apuñalarlo con un cuchillo, por lo que extrajo un revólver calibre .32 que llevaba en el bolsillo interno de la campera y disparó primero hacia la pierna. También negó haber efectuado el segundo disparo cuando la víctima estaba caída y aseguró que ese impacto ocurrió mientras ambos corrían.

El defensor público Alejandro Varas no objetó la legalidad de la detención ni la calificación provisoria, aunque cuestionó la duración de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Señaló que su asistido se presentó espontáneamente ante la Policía y reconoció haber efectuado los disparos, por lo que consideró excesivo un plazo de seis meses y propuso que la medida se limitara a un mes, tiempo que estimó suficiente para completar la incorporación de videos y otras pruebas.

Finalmente, la jueza Daniela Arcuri hizo lugar parcialmente al pedido fiscal: declaró legal la detención, autorizó la apertura formal de la investigación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y dispuso que Leonel Orlando Sotomayor permanezca en prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación penal.

Según expresó la fiscal general a Crónica, el máximo de la pena supera los 25 años de prisión. Asimismo, explicó que están trabajando con testimonios y cámaras, además de que se secuestraron armas de fuego.