OSDE dejó de atender a un niño con autismo y crece la preocupación

Paola Juárez, madre de Martín, un niño de 10 años con diagnóstico de autismo, discapacidad intelectual y retraso del lenguaje, denunció públicamente que la Cámara Federal revocó un fallo judicial que ordenaba a la obra social garantizar la cobertura integral de las prestaciones que requiere su hijo. La mujer aseguró que la decisión dejó sin efecto un amparo que había sido favorable en primera instancia y sostuvo que, desde entonces, la obra social continúa rechazando y reduciendo las terapias indicadas por los profesionales tratantes.

Según explicó a Crónica, Martín fue diagnosticado a los tres años y desde entonces atraviesa distintos tratamientos interdisciplinarios. Indicó que cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que establece las prestaciones que necesita durante el período de vigencia del certificado y que, afirmó, las obras sociales deben cubrir.

Entre esos apoyos mencionó prestaciones educativas, maestra de apoyo, transporte, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicomotricidad, psiquiatría, pediatría y el acompañamiento escolar. "Con este certificado de discapacidad vos lo presentás en la obra social y ellos deben acatar lo que dice el certificado en las prestaciones que el niño necesita", expresó.

Juárez relató que durante 2025 inició un amparo contra la obra social al considerar que la empresa comenzó a recortar las prestaciones escolares y terapéuticas que su hijo necesitaba. La causa fue tramitada inicialmente ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia.

De acuerdo con su testimonio, el juez hizo lugar al planteo luego de analizar la documentación médica y los informes incorporados durante el proceso, incluidos los de la Defensoría de Menores. "El juez federal nos hizo lugar, revisó todos los informes y toda la información. Advirtieron que Martín necesitaba tener todos estos apoyos", recordó.

Sin embargo, explicó que meses después, cuando reclamaron el incumplimiento de esa resolución, la Cámara Federal revocó completamente la sentencia. "A los tres días de que la obra social tenía que acatar la orden, la Cámara revocó todo. Nosotros sentimos que la Cámara amparó a la obra social y no amparó a mi hijo", sostuvo.

La madre cuestionó especialmente los fundamentos utilizados para reducir las prestaciones. Según señaló, uno de los argumentos fue que Martín había mostrado avances en su desarrollo, entre ellos haber aprendido a decir la palabra "pan". "Ellos dijeron que Martín había avanzado y por eso le sacaban la cantidad de terapias. Si vemos un pequeño avance, aún más apoyo necesita", manifestó a nuestro equipo.

Juárez remarcó que el autismo requiere tratamientos prolongados y continuos, por lo que consideró que la interrupción o disminución de las terapias afecta directamente el desarrollo de su hijo. "Los niños con autismo nacen y mueren con autismo. Son tratamientos larguísimos que necesitan frecuencia y continuidad", afirmó.

También indicó que, tras la resolución de la Cámara, presentó un recurso de queja con el objetivo de llegar a la Corte Suprema, pero aseguró que fue rechazado, lo que limita las posibilidades de continuar la vía judicial. "Nos tenemos que quedar con el dictamen que ellos dicen. Y aun si pudiéramos llegar a la Corte Suprema, puede demorar entre un año y diez años. Martín necesita los apoyos ahora", expresó.

Durante su reclamo, Juárez insistió en que las decisiones judiciales dejaron de lado las recomendaciones de los médicos tratantes y los derechos reconocidos por la legislación vigente. "Los abogados ni los jueces son médicos. Los médicos son quienes indican y solicitan las distintas terapias y esas indicaciones no fueron tenidas en cuenta", cuestionó.

Además, sostuvo que los derechos de su hijo están protegidos por la Constitución Nacional, la Ley 24901, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros tratados internacionales.

Para la madre, la situación refleja una contradicción entre el sistema de salud y el sistema judicial. "En una ventanilla el sistema te dice que ingreses porque está preparado para recibir a nuestros niños, y por otra te quitan esos derechos. Entonces, ¿quién se hace cargo?", planteó a Crónica.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a quienes firmaron la resolución judicial y reiteró su preocupación por el futuro del tratamiento de Martín. "Quiero que la persona que firmó esta sentencia me diga cómo voy a seguir gestionando el tratamiento de mi hijo. Yo soy mamá sola y voy a seguir peleando hasta donde pueda, porque no es un capricho: está respaldado por todos los informes médicos", concluyó.