Diputados aprobó el acuerdo con holdouts
La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a avanzar con un acuerdo de pago por 171 millones de dólares con dos grupos de acreedores que permanecían fuera de los canjes de deuda realizados por la Argentina en las últimas décadas.
La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada por 139 votos positivos y 97 negativos, permitiendo al Ejecutivo cumplir con el plazo fijado para el 30 de junio y evitar la reactivación de demandas judiciales y posibles embargos sobre activos argentinos en el exterior.
Cómo será el acuerdo con los acreedores
La norma ratifica los acuerdos alcanzados con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que mantenían litigios contra el país por títulos de deuda vinculados al default de 2001.
Según lo establecido en el texto aprobado, el Estado argentino abonará:
- 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd.
- 104 millones de dólares al grupo liderado por Attestor Value Master Fund LP.
El pago se realizará de manera simultánea con la entrega de los bonos involucrados para su cancelación definitiva, lo que permitirá extinguir los reclamos judiciales pendientes.
Además, los honorarios de los abogados serán afrontados exclusivamente por los acreedores y no por el Estado nacional.
El Gobierno destacó una quita superior al 30%
Desde el Poder Ejecutivo defendieron el acuerdo al señalar que permitirá cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos por la deuda en default.
Según los argumentos oficiales, la negociación logró una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente y evita el pago de intereses punitorios previstos por la legislación de Nueva York.
También remarcaron que los acreedores se comprometen a desistir de futuras acciones legales relacionadas con estos títulos.
Fuerte debate entre oficialismo y oposición
La discusión parlamentaria estuvo atravesada por duros cruces entre legisladores de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores.
El diputado Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la iniciativa y sostuvo que representa una oportunidad para poner fin a un conflicto que se arrastra desde hace más de dos décadas.
"Tenemos la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años", afirmó durante el debate.
Además, advirtió que si el Congreso no aprobaba el acuerdo antes del 30 de junio, las negociaciones caerían y podrían reactivarse los litigios internacionales contra la Argentina.
La oposición cuestionó el pago a fondos buitre
Desde Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman rechazó el proyecto y acusó al Gobierno de beneficiar a fondos especulativos.
"Lo que se está discutiendo acá es pagarles a fondos buitre", sostuvo.
El legislador aseguró que la estrategia oficial apunta a reducir el riesgo país para facilitar un nuevo ciclo de endeudamiento externo.
En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, calificó la deuda como "ilegítima" y cuestionó que los recursos destinados al acuerdo no se utilicen para atender necesidades sociales.
Pichetto cuestionó la falta de previsión presupuestaria
Por su parte, el diputado Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, criticó la iniciativa por no contemplar una asignación presupuestaria específica para afrontar el desembolso.
Según argumentó, el proyecto no cumple con los requisitos de la Ley de Administración Financiera respecto a la identificación de las partidas necesarias para cubrir el gasto.
También cuestionó la evolución del endeudamiento externo durante la actual gestión.
El objetivo: cerrar un conflicto que lleva más de dos décadas
Con la sanción definitiva de la ley, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos litigios derivados del default de 2001 y reducir los riesgos de nuevas acciones judiciales contra el país.
Mientras el oficialismo sostiene que el acuerdo permitirá mejorar la posición financiera de la Argentina y evitar costos futuros, la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre la legitimidad de la deuda y el impacto de este tipo de negociaciones en la política económica nacional.
