La Justicia anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio contra Conarpesa
La decisión fue adoptada por unanimidad y deja sin efecto el fallo de la jueza Patricia Reyes, quien había absuelto a los imputados en primera instancia.
La investigación fue impulsada por el fiscal Alex Williams y apunta a Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y Josep Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes. Ambos fueron acusados de permitir el vertido de residuos líquidos sin tratamiento al mar durante febrero de 2023.
Según la Fiscalía, las muestras analizadas superaban ampliamente los parámetros permitidos por la normativa ambiental. Mientras la legislación establece un máximo de 50 miligramos por litro de materia orgánica, los estudios realizados detectaron valores superiores a los 1.500 miligramos por litro.
Un sistema de descarga clandestino
Uno de los principales elementos de la acusación fue la presunta existencia de un sistema paralelo de cañerías utilizado para evitar el tratamiento obligatorio de los residuos industriales.
Durante inspecciones realizadas por personal policial y técnicos de Ecología Municipal se detectó una descarga de líquido rojizo con fuerte olor proveniente de una cañería no habilitada que, según las pericias, estaba conectada a las instalaciones de la empresa.
Además, la Fiscalía incorporó mensajes intercambiados entre los imputados que, a su entender, demostraban conocimiento sobre el funcionamiento de ese sistema. Entre ellos figura la frase: "No podemos derivar más al by pass".
Qué sigue ahora
Al impugnar la absolución, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la sentencia presentaba errores en la aplicación de la ley, contradicciones e insuficiente fundamentación.
Con la resolución del Superior Tribunal, el expediente volverá a ser analizado en un nuevo debate oral, donde otro tribunal deberá revisar toda la prueba producida y emitir un nuevo fallo sobre uno de los casos ambientales más resonantes de los últimos años en Chubut.
Durante el juicio original, la Fiscalía había solicitado penas de 3 años y 6 meses de prisión para Nadine Parry y 3 años y 3 meses para Josep Vargas, al considerar que los hechos encuadran en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y el artículo 55 del Código Penal.
