La propuesta, firmada este miércoles entre el Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes, contempla una recomposición salarial del 24,33%, distribuida en dos tramos: un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre.
El entendimiento se cerró en una reunión realizada en el Palacio Sarmiento, encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes sindicales.
Qué incluye el acuerdo
Además de la mejora salarial para docentes y no docentes, el convenio incorpora una serie de refuerzos presupuestarios:
- $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios.
- 20% de aumento en gastos de funcionamiento de las universidades.
- 50% de incremento en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras estratégicas.
El acuerdo también establece el compromiso de abrir instancias de negociación paritaria cada tres meses durante lo que resta de 2026 para evitar que los salarios vuelvan a perder frente a la inflación.
Un conflicto que marcó la gestión de Milei
La disputa entre el Gobierno y la comunidad universitaria se convirtió en uno de los principales focos de conflicto durante la gestión de Javier Milei.
Desde la primera Marcha Federal Universitaria de abril de 2024, que reunió a cientos de miles de personas en todo el país, se sucedieron movilizaciones masivas, clases públicas, tomas de colegios, paros docentes y fuertes cruces políticos.
El oficialismo cuestionó reiteradamente el funcionamiento de las universidades públicas, denunció supuestas irregularidades y promovió auditorías, mientras que rectores, docentes y estudiantes reclamaron una actualización presupuestaria y salarial.
La demanda judicial seguirá vigente
Pese al acuerdo alcanzado, las universidades confirmaron que mantendrán la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.
La norma fue aprobada por el Congreso y luego vetada por el presidente Milei. Posteriormente, el Parlamento ratificó la ley, aunque el Gobierno sostiene que resulta inaplicable porque no establece fuentes específicas de financiamiento.
La causa cuenta con fallos favorables a las universidades en primera y segunda instancia, pero quedó suspendida tras un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo.
La crisis salarial detrás del reclamo
Uno de los puntos centrales del conflicto fue la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.
Según datos del CIN, más de 10.000 docentes renunciaron en los últimos años debido al deterioro salarial. La Universidad de Buenos Aires informó bajas significativas en distintas facultades y en sus colegios preuniversitarios.
Los rectores venían advirtiendo sobre un éxodo de profesionales hacia el sector privado y el exterior, donde los salarios pueden multiplicar varias veces los ingresos que ofrece actualmente el sistema universitario público.
Alivio parcial, pero con cautela
Aunque el acuerdo representa un avance significativo respecto de las propuestas anteriores del Gobierno, los gremios mantienen cierta desconfianza.
Desde Conadu señalaron que seguirán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos y reclamaron que las futuras negociaciones salariales se desarrollen dentro de una paritaria formal.
Mientras tanto, el entendimiento firmado abre una etapa de mayor diálogo entre las partes y permite descomprimir uno de los conflictos más prolongados y sensibles que enfrentó la administración libertaria.
Con información de BAE Negocios.
