Corredera: "Nos hemos encontrado con tremendos obstáculos para avanzar en la investigación"
Tras la realización de la audiencia correspondiente por el homicidio de Mariana Calfuquir, ocurrido en el barrio Máximo Abásolo, en diálogo con Crónica, el fiscal Ariel Corredera confirmó que se estableció un plazo de seis meses para culminar con las tareas de investigación, periodo durante el cual ambos acusados permanecerán privados de la libertad.
Respecto de la situación procesal de los involucrados, la fiscalía presentó imputaciones diferenciadas. Para Julio Serrano, se determinó la calificación de partícipe necesario en el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, en perjuicio de un hombre de apellido Uribe.
Por su parte, la acusación contra Mayco Serrano se fijó como autor de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa hacia Uribe, y en grado de consumación respecto a Mariana Calfuquir. Durante el acto judicial, Mayco Serrano declaró y admitió haber efectuado las detonaciones, aunque aportó una versión de los hechos distinta a la hipótesis presentada por la parte acusadora.
Al describir la mecánica del suceso, el fiscal Corredera precisó que existía un contexto de confrontación previo originado por una deuda de dinero que uno de los Serrano mantenía con Uribe. En el día del hecho, Uribe concurrió al domicilio de los imputados para reclamar dicho monto, iniciándose una discusión verbal que escaló con la utilización de un arma de fuego. Como consecuencia de la balacera, Uribe recibió un impacto en el lateral izquierdo de su cuerpo, mientras que Calfuquir sufrió un disparo en la cabeza que le provocó la pérdida de la vida de manera inmediata.
La Fiscalía advirtió sobre la existencia de importantes dificultades para el avance de la recopilación de testimonios debido al temor manifestado por los vecinos y testigos del sector, argumento que fue utilizado para acreditar el peligro de entorpecimiento y convalidar la medida de prisión preventiva.
En cuanto al trasfondo del conflicto pecuniario, las autoridades señalaron que se investigan diversas hipótesis, incluyendo una posible vinculación con estupefacientes, aunque hasta el momento solo se mantiene acreditada formalmente la existencia de la deuda. Respecto a Uribe, informaron que no ha brindado colaboración y que actualmente se desconoce su paradero.
En la continuidad del proceso, el equipo multidisciplinario de la fiscalía y el personal de Criminalística llevarán a cabo pericias balísticas, fotográficas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.
Finalmente, Corredera especificó que, de recaer en condena, las penas previstas para este tipo de delitos son de cumplimiento efectivo, con una escala penal que parte de un mínimo de 10 años y dos meses de prisión para el homicidio consumado, pudiendo extenderse a un máximo superior a los 30 años.
