El municipio intimó a la empresa de transporte MR a presentar la documentación faltante en un plazo de 10 días
Entre los puntos pendientes, la empresa no logró acreditar de manera completa la documentación vinculada a las unidades que prestarán el servicio y otros aspectos técnicos necesarios para poner en marcha la concesión.
En ese marco, la empresa presentó dos notas emitidas por agencias y firmadas por representantes de ventas como supuesto comprobante de compra de las unidades. Sin embargo, esa documentación no es válida según el pliego licitatorio, ya que no acredita ni la propiedad ni el derecho de uso de los colectivos que debían quedar afectados al servicio.
Además, es importante aclarar que esta documentación era una condición obligatoria y excluyente al momento de la firma del contrato. Por ese motivo, el intendente no podía avanzar con la firma sin incumplir el propio pliego y poner en riesgo al Municipio ante futuros reclamos o problemas judiciales. Cualquier otra interpretación responde más a especulaciones o lecturas incorrectas del proceso administrativo que a la realidad del expediente.
Por este motivo, el Municipio resolvió intimar formalmente a la firma para que, en un plazo de 10 días corridos, presente toda la documentación, garantías y requisitos que aún se encuentran pendientes. En este sentido, desde el Ejecutivo Municipal aclararon que, la adjudicación de la licitación no significaba automáticamente la firma del contrato, ya que el proceso establece que primero deben cumplirse todos los requisitos legales, técnicos y operativos previstos en el pliego.
Asimismo, el Municipio ya trabaja junto a las áreas técnicas y de Transporte correspondientes en medidas transitorias para garantizar la continuidad y el normal funcionamiento del servicio, entendiendo que se trata de una prestación esencial para miles de vecinos de la ciudad.
Finalmente, se remarcó que esta resolución no implica por el momento la caída de la adjudicación, aunque deja constancia formal de los incumplimientos detectados y de las posibles consecuencias previstas en la licitación en caso de que la empresa no regularice la situación dentro del plazo establecido.
