El Súper RIGI ya genera debate con dudas sobre su origen y promesas de industrialización

“No me queda otra que lanzar una Mega Bomba desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre Súper RIGI”, tecleó el presidente Javier Milei al iniciar esta semana en su cuenta de la red social X. El anuncio, fiel al estilo discursivo de la gestión, puso en marcha el andamiaje oficial para profundizar el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado originalmente en la Ley Bases en junio de 2024.

La nueva iniciativa, presentada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, se corporiza bajo la bandera de la "industrialización y el agregado de valor". El "Súper RIGI" promete ir más allá del extractivismo primario para dar el salto hacia la manufactura tecnológica y la transición energética. Sin embargo, los datos de la experiencia acumulada del RIGI original y las suspicacias en torno a los verdaderos beneficiarios del nuevo marco legal abren un complejo panorama de debate económico y político.

Baterías, electromovilidad y "zonas grises"

El Súper RIGI está orientado, según los considerandos explicados por Caputo, a industrias con nulo o escaso desarrollo actual en el país. El menú de sectores priorizados abarca la fabricación de baterías de litio, autos 100% eléctricos, el refinado y laminado de cobre, la producción de fertilizantes de potasio o fósforo, reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), hidrógeno verde y equipamiento de energías renovables como paneles solares y turbinas eólicas. También incorpora sectores de servicios globales, destacando la instalación de grandes data centers y la industria aeroespacial.

Para seducir a estos capitales intensivos, el Palacio de Hacienda diseñó beneficios tributarios sustancialmente superiores a los de 2024:

-Impuesto a las Ganancias: La alícuota se reduce drásticamente del 25% (fijada en el RIGI original) al 15%.

-Amortización acelerada: Se permitirá deducir el 60% de la inversión en el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes, una mejora sustancial en el flujo financiero inicial respecto al esquema previo.

-Aduana simplificada: Se establece la eliminación total de aranceles para la importación de bienes de capital e insumos. Según Caputo, el nuevo régimen subsana las "zonas grises" normativas e imprecisiones de nomenclatura que ralentizaban las aprobaciones en la aduana tradicional.

El discurso oficial sostiene que estas medidas dinamizarán la economía sin afectar las cuentas públicas actuales, bajo la premisa de que "son ingresos que hoy no existen porque los proyectos no se harían sin estos incentivos".

Los datos del CEPA

Frente al entusiasmo oficialista, un informe detallado del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) le puso números al impacto real del sistema de incentivos y derribó el mito de las "nuevas inversiones".

Hasta la fecha, bajo el RIGI original, se aprobaron 12 grandes proyectos con una inversión comprometida de USD 26.680 millones (repartidos principalmente en minería de litio, cobre, oro y plata en el norte y Cuyo, obras de infraestructura hidrocarburífera en Vaca Muerta, energía limpia y una ampliación siderúrgica). No obstante, la revisión de archivos y anuncios sectoriales realizada por el CEPA determinó que al menos 7 de los 12 proyectos ya habían sido anunciados públicamente o contaban con desembolsos y estudios avanzados previos a la sanción de la ley.

Iniciativas como el parque solar El Quemado en Mendoza (YPF Luz), el yacimiento de cobre Los Azules, el proyecto Rincón de Litio de Río Tinto o el megaproyecto de Licuefacción de GNL ya estaban consolidados en las carpetas estratégicas de las empresas. El RIGI, argumentan los analistas, funcionó más como un generoso beneficio fiscal para negocios que ya eran rentables por sí mismos que como un imán de capitales inéditos.

El costo fiscal estimado por el CEPA para el Estado nacional en la etapa de plena producción de estos 12 proyectos asciende a USD 1.069 millones anuales (pudiendo trepar a USD 1.395 millones en un escenario de máximas exportaciones). El componente más nocivo para las arcas públicas es la resignación en el Impuesto a las Ganancias (USD 545 millones al año) y la quita de retenciones a las exportaciones (USD 107 millones anuales, afectando sustancialmente al litio y la plata). Si se aprueba el "Súper RIGI" con la baja de Ganancias al 15%, la sangría fiscal se profundizará drásticamente, dejando un pesado condicionamiento recaudatorio para los próximos mandatos presidenciales (especialmente entre 2029 y 2033).

El rol de YPF y las contradicciones de la cadena de valor

Otro dato llamativo que expone el informe económico es que el éxito del RIGI estuvo sostenido por el propio Estado. YPF posee participación directa o un rol protagónico en proyectos que concentran el 68,5% del monto total comprometido (USD 18.267 millones), a través de obras clave como el oleoducto Vaca Muerta Sur y las plantas de GNL. Paradójicamente, el esquema de incentivos diseñado para el sector privado se viabilizó gracias a la corporación de bandera que el propio Ejecutivo buscó privatizar en sus inicios.

Por otra parte, especialistas advierten sobre la utopía de alcanzar la industrialización local sin exigir contraprestaciones. En sectores complejos como el litio, las corporaciones transnacionales operan con esquemas de integración vertical y poseen sus plantas de industrialización y desarrollo tecnológico montadas en sus países de origen. Sin políticas activas que impongan cuotas de producción local o transferencia tecnológica, resulta poco claro el incentivo real para que estas empresas elijan fabricar baterías en suelo argentino en lugar de exportar el recurso en bruto a tasa aduanera y de exportación cero.

¿Un traje a la medida? El proyecto tendría "dueño"

Detrás de las pizarras técnicas del Ministerio de Economía y las promesas de paneles solares, la trastienda política teje otra explicación para la urgencia del Súper RIGI. Fuentes políticas abordadas por diversos medios ligan el nacimiento de este proyecto a la reciente e íntima reunión bilateral mantenida entre el ministro Luis Caputo y el magnate estadounidense Peter Thiel, cofundador de PayPal, primer inversor externo de Facebook y dueño de Palantir Technologies (la gigantesca y polémica firma de análisis de datos e inteligencia artificial).

Thiel, un referente del ecosistema tecnológico de Silicon Valley y promotor de posturas libertarias globales, desembarcó en Buenos Aires con un marcado interés en dos áreas estratégicas: la desregulación total para la instalación de infraestructura tecnológica pesada (data centers) y el acceso directo a minerales críticos y tierras raras indispensables para la industria tecnológica del futuro.

De este modo, el interrogante queda abierto en los pasillos del Congreso: ¿Es el Súper RIGI una estrategia soberana para subir al país al tren de la transición energética global, o se trata de una costosa exención impositiva redactada con nombre y apellido para los fondos de inversión norteamericanos?

El debate legislativo promete ser la próxima gran batalla política del año.