El Ministerio de Economía oficializó el llamado a licitación pública para privatizar el 90% de AySA
La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo, quien ayer había adelantado la medida en sus redes sociales.
Esta decisión representa un giro político y económico drástico que busca desmantelar la estructura estatal de los servicios públicos construida en las últimas dos décadas, devolviendo la gestión del agua al sector privado.
La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.
El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto realizándose ese mismo día, la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.
Ingeniería financiera y cronograma de venta
La operación contempla la venta del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado nacional, mientras que el 10% restante continuará bajo titularidad de los empleados de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.
Con una estrategia financiera busca asegurar primero a un socio con experiencia técnica que tome el control operativo, para luego valorizar el resto de las acciones y venderlas a mejor precio en el mercado de valores. Para garantizar la llegada de capitales globales, la resolución establece que el llamado deberá publicarse durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial, además de difundirse en los sitios web del Ministerio de Economía y de AySA.
El cronograma oficial prevé que las consultas al pliego podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto realizándose ese mismo día la apertura de sobres mediante un acto público electrónico.
Los plazos reflejan la urgencia del Ejecutivo por acelerar las reformas y consolidar el ingreso de divisas.
Blindaje institucional y el nuevo diseño regulatorio
Por otra parte, la normativa también crea una comisión evaluadora “ad hoc” integrada por funcionarios designados específicamente para analizar las ofertas que se presenten en el proceso, mientras que la Secretaría de Obras Públicas y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas podrán requerir asistencia técnica y operativa a AySA y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) durante el desarrollo de la licitación, blindando legal y técnicamente el proceso ante posibles cuestionamientos judiciales.
El eje central de esta etapa es la aprobación del contrato que regulará la operación privada del servicio. Más que la privatización en sí misma, el foco está puesto en el diseño institucional y regulatorio que permitirá avanzar con la concesión, combinando el desembarco de un operador estratégico privado —con participación accionaria mayoritaria— y la posibilidad de colocar parte del capital en el mercado para mejorar la valuación de la compañía y captar el interés inversor.
Este avance hacia la privatización estuvo acompañado por modificaciones normativas previas que redefinieron reglas clave del sector, abarcando desde las condiciones de prestación hasta una ampliación de facultades para el futuro concesionario; un rediseño que dentro del mercado ya era leído como el paso previo e indispensable para el ingreso privado.
