Giro en el caso Ángel: la querella pedirá condenar a la madre por asesinato

Regresó a Comodoro el abogado Roberto Castillo al cumplirse un mes de la muerte de Angel, y habló de avances en la causa. El letrado habló esta mañana y aseguró que “existen muchísimos avances, muchísimos avances. La fiscalía está trabajando de una manera muy comprometida con el caso y nosotros estamos aportando nuestra mirada respecto de la acusación”.

Uno de los puntos centrales del análisis de Castillo radica en el cambio de la figura jurídica bajo la cual pretenden procesar a Altamirano. Según el abogado, la hipótesis inicial de la fiscalía se centraba en un delito de "acción por omisión", sugiriendo que la madre no había intercedido para proteger al niño del padrastro. Sin embargo, la querella sostiene una postura mucho más severa: “Tengamos en cuenta que nosotros, como figura querellante, consideramos que la fiscalía inicia esta investigación con una hipótesis de que ella (María El Altamirano), sería responsable de un delito de acción por omisión. Si bien nosotros tenemos elementos de prueba, que nos dicen que ella sería una persona que habría maltratado a Ángel desde los pocos meses de vida, como también maltrató a Dante, que es una persona altamente violenta y esa violencia infantil hizo que ella termine asesinando conjuntamente con el padrastro a Ángel. Es decir, modificamos la figura jurídica”.

Para el abogado, no se trata simplemente de una falta de cuidado, sino de una participación directa en las agresiones físicas. “No es de acción por omisión, no es que ella simplemente no intercedió para proteger a Ángel, sino que ella le propinaba golpes a Ángel. Esa es nuestra teoría del caso”, afirmó de manera tajante.

Castillo subrayó que la conducta de Altamirano responde a un patrón de violencia sistemática, citando el antecedente de su otro hijo, Dante, quien logró sobrevivir gracias a la intervención de la justicia en otra jurisdicción. “Nosotros sostenemos que ella lo asesinó. Hay pruebas que nos dice que es una persona altamente agresiva con los chicos, fue altamente agresiva con su hijo Dante. La Justicia de Misiones le quitó el cuidado personal y se lo dio al padre, razón por la cual hoy en día Dante está vivo”. En ese sentido, el letrado cargó contra la falta de previsión en el ámbito local: “Sin embargo, la Justicia de Comodoro Rivadavia no hizo lo mismo y tenemos que lamentar la pérdida de un nene de 4 años”.

Denuncia contra el juez Pérez y la defensora oficial

La ofensiva legal de la querella no se limita a los presuntos autores materiales del crimen, sino que se extiende hacia los funcionarios judiciales y profesionales que intervinieron en el proceso de custodia. Castillo confirmó que avanzarán con denuncias ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Pérez y la defensora oficial. Asimismo, las psicólogas involucradas, entre ellas la licenciada Leiva, enfrentarán denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en un caso particular, por falsedad ideológica. “Firmaban documentos que no se condecían con la realidad de lo que pasaba”, denunció el abogado, añadiendo que existía un sesgo político que ignoró las alertas del padre biológico.

La querella sostiene que hubo una falla grave en la "escucha activa" del menor por parte del juez Pérez. Castillo argumentó que, aunque el magistrado alegue haber escuchado al niño, no supo interpretar su contexto emocional ni su desarrollo madurativo. “Cuando él dice 'yo quiero ir con mi mamá', el juez debiera entender quién es su mamá para su estructura emocional; la mamá es la única mamá que tuvo siempre, que fue Lorena”, explicó el abogado, refiriéndose a quien criaba al niño antes del desarraigo.

Finalmente, el testimonio del padre de Ángel, Luis, y de Lorena, resultan pilares fundamentales para la acusación. Castillo reveló la existencia de grabaciones realizadas por el propio Luis ante la desconfianza que le generaba el sistema judicial, donde se evidenciaría el destrato de los funcionarios. También mencionó el aporte de un testigo clave, expareja de Altamirano, quien describió el clima de terror en el que vivía el hijo mayor de la mujer. Con estas pruebas y las pericias psicológicas pendientes, la querella busca demostrar que la muerte de Ángel no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una crianza signada por la violencia extrema.

"Nadie quiere ser abogado en esta causa"

Castillo dio una reflexión ética sobre el estado de la sociedad, afirmando que el trato hacia los niños y ancianos es el verdadero termómetro de una comunidad. "Nuestra sociedad no estaría siendo una sociedad modelo", sentenció, vinculando la falta de valores y la escasa educación con una justicia que percibe como permeable a la política y a los intereses creados.

El abogado justificó su presencia en la causa como una respuesta a la "desconfianza" imperante. Según su visión, el hecho de que las familias deban buscar representación legal en otras ciudades evidencia un sistema hostil donde los auxiliares de la justicia parecen actuar por favor y no por deber. "Uno viene acá y se siente que está solo", confesó, describiendo la burocracia judicial como una barrera que obliga a los familiares a esperar "en la puertita" mientras las decisiones se toman a puertas cerradas.

La diferencia técnica más crítica radica en la acusación contra la madre de la víctima. Castillo fue tajante al rechazar la figura de "omisión impropia" que propone la Fiscalía. Mientras que el Ministerio Público Fiscal considera que la mujer simplemente no evitó el desenlace fatal provocado por el padrastro, la querella sostiene que ella fue una agente activa de la violencia.

Apoyándose en evidencias de maltratos previos —mencionando específicamente sangrados y marcas de rasguños profundos en el cuello de otro menor, Dante—, Castillo aseguró que existe prueba suficiente para demostrar que la madre era "totalmente agresiva y violenta" desde los primeros meses de vida del bebé. Con esta plataforma fáctica, la querella buscará demostrar la coautoría en el debate oral y público, con un objetivo único e innegociable: la prisión perpetua para ambos imputados.