Caso AFA: Piden la detención de "Chiqui" Tapia y Toviggino por lavado de dinero y asociación ilícita

La justicia federal de Santiago del Estero recibió un pedido formal de detención y declaración indagatoria para el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y para el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La solicitud surge en el marco de un expediente que investiga la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita con agravantes. Este proceso judicial tuvo su origen el 8 de diciembre de 2025, tras una denuncia radicada por Aldo Sergio Parodi.

El fiscal Pedro Simón, responsable del dictamen, argumenta que los directivos habrían conformado un esquema jerárquico orientado a extraer recursos pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino para luego introducirlos nuevamente en el mercado legal mediante maniobras patrimoniales, comerciales y financieras.

Peligro de fuga y proceso en curso

La requisitoria fue enviada al magistrado Sebastián Argibay, quien encabeza el juzgado federal en Santiago del Estero. No obstante, debido a que el juez se encuentra en período de licencia, la resolución sobre los arrestos, registros domiciliarios, estudios periciales y el bloqueo general de bienes ha quedado bajo la responsabilidad del juez federal de turno en Tucumán.

El Ministerio Público fundamentó la necesidad de la detención señalando el alto poder adquisitivo de los acusados y la operatividad de una supuesta "organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos", factores que podrían facilitar una salida del territorio nacional o entorpecer el avance de la instrucción.

La operatoria para el desvío de capitales

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Tapia habría autorizado el envío de remesas de dinero hacia compañías que poseen vínculos con Toviggino. Para los investigadores, estos movimientos representan el inicio de una metodología de desvío de fondos canalizada por medio de una trama de sociedades.

En el expediente se destaca la firma Real Central SRL, la cual se vincula con el presunto testaferro Luciano Pantano y está relacionada a una propiedad en Pilar con un valor estimado de USD 20,8 millones. Asimismo, se menciona a la empresa TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni, la cual habría realizado facturaciones a entes vinculados al tesorero de la AFA. El fiscal sostiene que tales comprobantes no guardan relación con servicios efectivamente prestados, sino que funcionaban como una herramienta para legitimar el flujo de dinero desde la asociación hacia el sector privado.

Las fases del blanqueo de activos

La acusación detalla un proceso de lavado dividido en tres instancias diferenciadas. Inicialmente, los activos obtenidos de forma supuestamente espuria entraron al circuito financiero por medio de entidades controladas por el entorno de Toviggino.

Posteriormente, estas sociedades efectuaron un intercambio de facturación cruzada, técnica identificada como "facturas inter-bloque". Esta práctica buscaba borrar el rastro del capital, segmentando las operaciones para ocultar su procedencia original. Finalmente, el dinero fue aplicado a la compra de activos e inversiones. Según la fiscalía, el tesorero adquirió automóviles, inmuebles y productos financieros a nombre de personas jurídicas para su aprovechamiento particular, ocultando así al verdadero dueño de los bienes.

Patrimonio y transacciones bajo sospecha

La investigación pone el foco sobre un conjunto de 35 inmuebles en Santiago del Estero, que incluyen terrenos, viviendas y estancias vinculadas a firmas de Toviggino y sus allegados. También se han reportado movimientos en plazos fijos, adquisiciones de acciones y operaciones en el mercado del dólar MEP.

A estos datos se añaden registros de traslados internacionales proporcionados por la Dirección de Migraciones y una evolución patrimonial que el fiscal considera que no se condice con los ingresos declarados por el dirigente. La causa involucra a más de veinte individuos pertenecientes al círculo íntimo y profesional del tesorero, además de quienes figuran como titulares de las propiedades investigadas.

Con información de BAE Negocios.