"Buscamos proteger a 600 mil chubutenses", afirmó Menna sobre la Ley de Celulares

La Legislatura del Chubut llevó adelante este miércoles la segunda reunión informativa para el tratamiento del proyecto de Ley Nº 17/26. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca prohibir el ingreso, tenencia y uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles por parte de personas privadas de su libertad en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
miércoles 08 de abril de 2026

El encuentro fue presidido por el vicegobernador Gustavo Menna, junto a las diputadas María Andrea Aguilera y Sonia Cavagnini, presidentas de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, respectivamente.

La jornada contó con la participación de funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno, la Policía del Chubut y representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).

Durante el debate, que se extendió por tres horas, el vicegobernador Menna destacó que la norma no busca anular las comunicaciones, sino establecer un régimen institucional controlado y auditable.

"Esta ley establece un régimen de comunicaciones institucionales controladas. Apuntamos a proteger a los 600.000 chubutenses que pueden ser víctimas de delitos", señaló el mandatario. Asimismo, enfatizó que el objetivo primordial es combatir la estafa digital y los delitos organizados desde el interior de los muros, sin desconocer los derechos constitucionales a la educación y la salud, los cuales se garantizarán mediante sistemas de control.

Por su parte, la diputada Andrea Aguilera fundamentó la iniciativa en el incremento de delitos de extorsión cometidos desde contextos de encierro. Según explicó, la propuesta es hacer compatible el derecho a la comunicación con la seguridad pública.

En sintonía, Martín Uriona, representante de PROCUNAR, subrayó que el proyecto cuenta con sustento constitucional y se alinea con la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, remarcando que la Cámara Federal de Casación Penal ya ha ratificado la validez jurídica de este tipo de restricciones.

El proyecto continuará bajo análisis en las comisiones permanentes, donde se evalúan las inversiones necesarias para implementar sistemas de telefonía fija y tecnología de control que aseguren la confidencialidad de los internos y, simultáneamente, la prevención del delito.