Los Sastre entre la denuncia y la extorsión
Puerto Madryn atraviesa uno de los escenarios más delicados de los últimos tiempos, con causas judiciales en curso, denuncias cruzadas y episodios de violencia que involucran a actores políticos, empresariales y de seguridad.
En pocos días, se registraron allanamientos por extorsión, un ataque armado contra el exvicegobernador y una denuncia interna dentro de la Policía Federal que habla de presiones y posibles irregularidades.
Las investigaciones avanzan por carriles distintos, pero coinciden en un mismo contexto de alta tensión.
La causa por extorsión y los allanamientos
La investigación se originó a partir de una denuncia del intendente Gustavo Sastre, quien afirmó haber sido víctima de un intento de extorsión.
Según consta en la causa, le habrían exigido dinero bajo la amenaza de difundir denuncias anónimas. A partir de esa presentación, la Fiscalía impulsó medidas que derivaron en allanamientos realizados este miércoles.
Los procedimientos, autorizados por la jueza María Inés Bartels, alcanzaron a un ex integrante de la Policía Federal y a un empresario pesquero. La causa está a cargo de la fiscal Ivana Berazategui y se encuentra en plena etapa investigativa.
El ataque a Ricardo Sastre
En paralelo, el sábado por la tarde se produjo un hecho que elevó aún más la gravedad del escenario. El ex vicegobernador Ricardo Sastre denunció haber sido perseguido, embestido y amenazado con un arma por un hombre que luego fue detenido.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, el acusado —identificado como Federico “Pitranca” Caminoa— se presentó en una empresa vinculada al dirigente en estado de exaltación. Tras un intercambio, Sastre se retiró en su vehículo, momento en el que comenzó una persecución.
La secuencia terminó con un choque intencional y la exhibición de un elemento utilizado para intimidar. Parte del episodio fue registrado por cámaras de seguridad y presenciado por testigos.
El fiscal Jorge Bugueño imputó al detenido por amenazas agravadas y daños, mientras que la jueza María Alejandra Hernández dispuso prisión domiciliaria por 20 días. La investigación tiene un plazo inicial de seis meses.
La hipótesis de una trama mayor
Tras el ataque, el propio Ricardo Sastre sostuvo públicamente que no se trató de un hecho aislado. “Son prácticas que buscan intimidar y condicionar”, expresó.
En la misma línea, el intendente planteó que existe un contexto de amenazas y maniobras extorsivas que se vienen registrando desde hace meses.
Fuentes del caso indicaron que la Justicia analiza posibles vínculos con sectores empresarios de la pesca y ex integrantes de fuerzas de seguridad, aunque por el momento no hay imputaciones formales en ese sentido.
La denuncia dentro de la Policía Federal
En este escenario, también se conoció la presentación de un inspector de la Policía Federal Argentina, quien denunció haber sido presionado por sus superiores tras recibir información sensible.
Según su relato, en diciembre tomó conocimiento de una carta anónima con acusaciones graves y decidió informarlo dentro de la estructura. Sin embargo, afirmó que se le indicó que no avanzara ni diera intervención a la Justicia.
El efectivo describió un contexto de temor y presión, en el que optó por no continuar con el procedimiento.
Un traslado bajo cuestionamiento
Semanas después, el inspector fue trasladado junto a su esposa a otra provincia mediante un memorando reservado, sin explicaciones formales.
En su denuncia, planteó que la medida no se corresponde con su legajo ni con su situación administrativa, y que no registra causas judiciales en su contra.
Investigaciones abiertas
Las distintas causas avanzan de manera independiente y bajo reserva. La Justicia trabaja sobre pruebas documentales, registros fílmicos y testimonios para determinar responsabilidades.
En ese marco, Puerto Madryn permanece bajo la atención de autoridades judiciales y políticas, con un escenario que sigue en desarrollo y con posibles nuevas medidas en el corto plazo.
