Ya es ley: El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El Senado de la Nación sancionó este jueves la ley que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el territorio argentino, tras una votación que resultó en 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
viernes 27 de febrero de 2026

La iniciativa, impulsada originalmente por el Ministerio de Seguridad, aguarda ahora su reglamentación y posterior publicación en el Boletín Oficial. El eje central de la reforma es la creación de un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procesos judiciales diferenciados según la edad.

Baja de la edad punible

El nuevo sistema penal juvenil establece la presunción favorable a la minoría de edad y regula que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni centros de detención con personas adultas. La ley introduce principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad.

Durante el debate, Patricia Bullrich defendió la medida señalando que el modelo anterior se encontraba agotado. La funcionaria sostuvo que la ley busca proteger a los adolescentes y reparar a las víctimas, estableciendo que los delitos deben tener consecuencias independientemente de la edad del autor.

Presupuesto y críticas provinciales

Desde el sector opositor, legisladores del peronismo cuestionaron la falta de fondos suficientes para la implementación del sistema en las provincias. Según la norma, se destinarán 23.700 millones de pesos para los 24 distritos del país, cifra que fue considerada escasa por referentes como Jorge Capitanich.

En este sentido, se advirtió que el costo de infraestructura carcelaria y centros especializados dificultaría la aplicación real de la ley. Por su parte, Gerardo Zamora señaló posibles puntos de inconstitucionalidad en el articulado y advirtió sobre una futura litigiosidad en el sistema judicial.

Esquema de sanciones

La normativa contempla un esquema de sanciones que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y la reparación del daño causado. La privación de libertad quedará restringida únicamente para casos de delitos graves y contará con límites estrictos de tiempo.

Para el seguimiento de las penas, se incorporará la figura de un supervisor judicial especializado. Este funcionario será el responsable de monitorear el proceso de reinserción social del joven, garantizando el acceso a la educación, la cultura y la salud mental durante el cumplimiento de la sanción.

Rol de las víctimas

El proyecto otorga un papel central a las víctimas de delitos cometidos por menores. Se les garantiza asistencia jurídica y psicológica inmediata, además de la facultad de intervenir en las audiencias y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, se prevén instancias restaurativas como la mediación penal juvenil. En los casos donde participen menores de 14 años, considerados inimputables, la ley dispone la intervención de la justicia civil para aplicar medidas curativas o de protección bajo un enfoque interdisciplinario.