Diputados trata la Ley Penal Juvenil que baja la imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados debate este jueves desde las 11 el proyecto de Ley Penal Juvenil impulsado por el Gobierno nacional, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves.
Tras la media sanción obtenida en el Senado con la reforma laboral, el oficialismo intentará avanzar ahora con un nuevo cambio estructural: reemplazar el actual Régimen de Minoridad (Ley 22.278), vigente desde 1980.
El proyecto llega al recinto con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales aliados, luego de haber obtenido dictamen favorable en un plenario de comisiones.
Qué propone la reforma
La iniciativa establece que adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados por delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro.
La pena máxima prevista será de hasta 15 años de prisión, sin posibilidad de condena perpetua.
El texto también dispone que los menores no podrán compartir lugares de detención con adultos y contempla sanciones alternativas para delitos con escalas penales menores a 10 años. Entre ellas figuran amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir y para salir del país.
En el proyecto original, el Ejecutivo proponía bajar la edad a 13 años, pero esa opción fue descartada tras el rechazo de aliados parlamentarios, que fijaron el límite en 14.
Presupuesto y supervisión
Uno de los puntos centrales de la negociación fue el financiamiento del nuevo régimen.
El oficialismo incorporó una partida presupuestaria específica de $23.739 millones. De ese total, $20.607 millones estarán destinados a la Defensoría General de la Nación y $3.131 millones al Ministerio de Justicia.
En el texto inicial se preveía cubrir los gastos mediante reasignaciones presupuestarias a cargo de la Jefatura de Gabinete, lo que generó resistencia de gobernadores que rechazaban asumir los costos en sus provincias.
El Ministerio de Justicia utilizará parte de esos fondos para designar supervisores especializados, encargados de realizar el seguimiento semanal de los adolescentes imputados, controlar su evolución y supervisar el cumplimiento de las medidas impuestas.
Las posturas opositoras
Durante el plenario de comisiones se firmaron cinco dictámenes alternativos.
Unión por la Patria presentó un proyecto que mantiene la imputabilidad en 16 años y fija penas máximas de 10 años, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir la mitad de la condena. También limita la prisión preventiva a casos excepcionales.
El Frente Renovador, en cambio, coincide en bajar la edad a 14 años, aunque cuestiona la falta de un plan integral de infraestructura. El interbloque Unidos también propone los 14 años como límite, pero con establecimientos dirigidos por civiles y por fuera del sistema penitenciario.
El Frente de Izquierda y otros sectores impulsaron dictámenes de rechazo.
Infraestructura en debate
Uno de los ejes más sensibles es la capacidad de alojamiento. Según datos oficiales, existen alrededor de 100 establecimientos especializados en el país, concentrados principalmente en Buenos Aires y Santa Fe.
Hay 17 provincias que no cuentan con más de tres unidades y Tierra del Fuego no tiene ninguna.
Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtieron que muchos espacios actuales no cumplen estándares mínimos y presentan condiciones similares a pequeñas cárceles.
La sesión de este jueves se anticipa extensa y de alto voltaje político. Si el proyecto obtiene media sanción, el nuevo régimen penal juvenil quedará más cerca de convertirse en ley y marcará otro capítulo clave en la agenda legislativa del Gobierno.
