Aumentaron casi un 500% los reclamos de jubilados ante la Corte Suprema
El fenómeno refleja una creciente judicialización del sistema previsional, donde los beneficiarios demandan reajustes de haberes y pagos retroactivos ante las constantes modificaciones en las fórmulas de actualización.
La escala de ingresos a la Corte muestra un salto significativo: de 7.400 reclamos en 2020 se pasó a más de 30.000 en 2024, alcanzando una cifra superior a los 42.000 escritos durante 2025. Fuentes judiciales atribuyen este comportamiento a la estrategia de la Anses de apelar sistemáticamente los fallos adversos en instancias inferiores, lo que traslada la resolución final a la última instancia administrativa de la Justicia para diferir los pagos.
Los motivos detrás del incremento de litigios
El aumento de la litigiosidad responde a múltiples factores estructurales y coyunturales. Entre ellos se destacan las moratorias que incorporaron a millones de personas al sistema sin aportes previos, el incremento en la esperanza de vida y la creación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam). Asimismo, la alta inflación y los cambios en las reglas de movilidad jubilatoria han generado presentaciones incluso de sectores no alcanzados directamente por las reformas, bajo el argumento del achatamiento de la pirámide salarial y la pérdida de proporcionalidad entre aportes y beneficios.
La digitalización de los procesos también ha facilitado el acceso a la Justicia. Según informaron fuentes de los juzgados de seguridad social, se reciben picos de hasta 1.000 presentaciones diarias. El volumen de trabajo es tal que se estima que en cada uno de los diez juzgados del fuero existen alrededor de 60.000 causas activas, lo que suma un total de 600.000 expedientes en trámite en la primera instancia.
La situación en los juzgados y la falta de designaciones
La capacidad de respuesta del sistema judicial se ve afectada por la falta de cobertura de cargos vacantes. Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres de sus cinco integrantes, mientras que en el fuero de la Seguridad Social solo tres de los diez juzgados cuentan con jueces titulares designados. En la Cámara previsional, la situación es similar, con apenas tres camaristas nombrados de un total de nueve necesarios para revisar las sentencias.
Desde sectores especializados se señala que el origen del problema radica en normas previsionales que realizan promesas actuarialmente superiores a los aportes realizados durante la vida activa. En este contexto, la manipulación de las reglas de movilidad en contextos inflacionarios actúa como un mecanismo para equilibrar gastos, pero genera juicios que el Estado pierde de manera sistemática. El stock de causas acumuladas en la secretaría previsional de la Corte ha vuelto a mostrar una línea ascendente desde 2019, superando los picos históricos registrados tras el fallo Blanco, que estableció criterios específicos para la actualización de haberes.
Redactado con información de La Nación
