El Gobierno amplía la ofensiva contra la AFA con una nueva denuncia por facturas apócrifas
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), concretó este jueves una segunda presentación judicial contra la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). En esta oportunidad, la acusación se centra en el presunto delito de facturación apócrifa, según indicaron fuentes oficiales. El monto bajo investigación asciende a los 376 millones de pesos y abarca los períodos fiscales de 2023, 2024 y 2025.
Maniobras bajo la lupa
La denuncia es el resultado de tareas de fiscalización llevadas a cabo por ARCA, donde se visualizaron "movimientos de fondos sin el respaldo documental correspondiente, lo que podría constituir una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal vigentes". La justicia ya cuenta con la información recabada para avanzar en las instancias administrativas y judiciales pertinentes.
Esta acción legal se produce poco después de que el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, se fotografiaran en Davos con Gianni Infantino, titular de la FIFA. El encuentro fue interpretado como un mensaje hacia Claudio "Chiqui" Tapia, dado que el magistrado Diego Amarante aceptó recientemente a ARCA como querellante en una causa previa contra el dirigente por apropiación indebida de tributos.
Sospechas de proveedores inexistentes
Desde la Casa Rosada sostienen que ninguna gestión previa avanzó con tal firmeza sobre la entidad deportiva. La nueva denuncia también contempla sospechas sobre la salida no documentada de dinero del país y el uso de proveedores inexistentes. Esta presentación se suma a la realizada en diciembre, motivada por la falta de pago de aportes y retenciones en los plazos establecidos por ley.
Por otro lado, la Inspección General de Justicia (IGJ) continúa analizando los balances presentados por la institución. Si bien el titular del organismo, Daniel Vítolo, descartó por el momento el nombramiento de un veedor, en el Gabinete confían en que el análisis de los datos técnicos derivará en la necesidad de monitorear las cuentas de la entidad.
Cruces políticos y desmentidas
La situación generó reacciones en el arco político. Elisa Carrió y el legislador Facundo Del Gaiso sugirieron la existencia de un pacto entre el oficialismo y sectores vinculados a Sergio Massa para favorecer a la AFA. Ante esto, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado desmintiendo cualquier acuerdo y ratificando que fue la IGJ la que expuso las irregularidades contables tras ocho años sin controles.
Asimismo, el Gobierno desestimó haber avalado el traslado de la sede social de la calle Viamonte a un predio en Pilar, calificando dicha maniobra como irregular e ilegal. Se espera que a fines de la próxima semana se conozcan nuevas definiciones una vez concluido el examen de la documentación entregada por la asociación que conduce Tapia.
Con información de La Nación.
