Investigación judicial por lavado
Investigación por la mansión de Pilar vinculada a la AFA pasará al Juzgado de Campana
La Sala II de la Cámara Federal de San Martín dio cierre a una disputa de competencia territorial en la causa que investiga una lujosa vivienda en el partido de Pilar. El tribunal determinó que las actuaciones dejen el Juzgado en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la tutela de Marcelo Aguinsky, para ser remitidas al Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que dirige el juez Adrián González Charvay.
El magistrado Alberto Lugones fundamentó este traslado basándose en la ubicación geográfica de los bienes. Según el fallo, el factor decisivo para establecer la competencia es que el presunto delito de lavado de activos se habría configurado en la localidad de Villa Rosa, Pilar, sitio donde se habrían volcado fondos de origen ilícito al sistema legal a través de la compra de un inmueble.
Detalles del predio investigado
La causa pone el foco en una quinta donde se detectaron múltiples lujos, tales como un haras de caballos pura sangre y árabes, una pista para entrenamiento equino, una flota de vehículos de colección, instalaciones deportivas y un helipuerto.
La denuncia sostiene que la firma propietaria, Real Central SRL —ligada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte—, presenta una “imposibilidad evidente de afrontar una compra de semejante envergadura económica”. Debido a que el núcleo de la operación financiera bajo sospecha ocurrió en Villa Rosa, los imputados solicitaron una inhibitoria para trasladar el caso a la jurisdicción de Campana.
Vínculos con la dirigencia deportiva
La hipótesis judicial sugiere que la propiedad, tasada en unos 17 millones de dólares, junto con vehículos de alta gama valuados en casi 4 millones de dólares y otros activos de Real Central SRL, pertenecerían verdaderamente a importantes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Aunque la defensa buscó detener el proceso durante enero, el juez Aguinsky habilitó la feria judicial para rechazar la suspensión de las medidas de prueba. Tras la resolución de la Cámara, González Charvay se convierte en el tercer magistrado en tomar contacto con la denuncia impulsada por la Coalición Cívica. Desde dicho espacio advirtieron que este cambio de jurisdicción podría favorecer a los implicados y generar demoras en el avance de la instrucción.
