Aumentos salariales para ministros y secretarios condicionados al superávit fiscal

El Gobierno nacional oficializó una modificación en el esquema salarial de la alta conducción del Estado. Mediante el Decreto 931/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso habilitar incrementos salariales para ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, tras dos años de congelamiento. Estos aumentos estarán directamente vinculados al resultado fiscal.

La normativa extiende, a partir de enero de 2026, los aumentos salariales acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional a los funcionarios de mayor jerarquía, excluyendo expresamente a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación. Los incrementos correspondientes a las negociaciones colectivas estatales de 2024 y 2025 comenzarán a percibirse sin retroactividad, a partir del mes siguiente a la vigencia del decreto.

En los considerandos, el decreto hace un repaso del contexto económico heredado a fines de 2023, que incluía una inflación interanual del 211,4%, una pobreza del 52,9% y una indigencia del 18,1%, además de déficit fiscal. En ese momento, se recuerda que una de las primeras medidas del Ejecutivo fue congelar los salarios de las autoridades superiores, como una acción de austeridad y ajuste del gasto público.

Según el texto oficial, esta política generó ahorro fiscal y fue acompañada por una reducción de la estructura estatal. Se eliminaron ocho ministerios, 110 secretarías y subsecretarías, y 409 direcciones, sumando 519 cargos suprimidos. Además, se redujo la cantidad de empleados públicos en aproximadamente 60.000, con un ahorro anual estimado en $3,49 billones.

El Gobierno sostiene que, como resultado de estas acciones, la inflación se redujo al 31,3% interanual en octubre de 2025, se acumularon 22 meses de superávit fiscal y la pobreza habría descendido al 27,5% en el tercer trimestre de 2025, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Condicionamiento salarial al resultado fiscal

El decreto establece que una cláusula central definirá el futuro de estos salarios: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los sueldos de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un acto administrativo. No podrán recibir nuevos aumentos mientras persista dicha situación. La evaluación de esta condición se basará en la información oficial publicada por el Ministerio de Economía.

Los futuros aumentos que se acuerden en las paritarias estatales también se aplicarán de manera automática a los altos cargos del Poder Ejecutivo, siempre bajo la misma condición de sostenibilidad fiscal.

Profesionalización del empleo público

Asimismo, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar e implementar un nuevo sistema de empleo público. Este nuevo esquema se basará en ingreso por mérito, evaluación de desempeño, movilidad por competencias y esquemas salariales vinculados a la responsabilidad del cargo.

El Gobierno argumenta que el ordenamiento salarial de las autoridades superiores forma parte de una estrategia de largo plazo para profesionalizar el Estado, posterior al ajuste inicial del gasto y compatible con el mantenimiento del equilibrio fiscal.

Finalmente, el decreto invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a replicar el esquema de congelamiento automático de salarios ante déficit fiscal. Además, deroga un artículo clave del Decreto 235/2024, que había fijado el congelamiento original de las remuneraciones.