Daniel Noboa decretó el estado de excepción para frenar la escalada de violencia en Ecuador
El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó un nuevo estado de excepción focalizado que tendrá una vigencia de 60 días. La decisión alcanza a nueve provincias y tres cantones del territorio nacional y surge como respuesta al incremento de la violencia criminal y las actividades del crimen organizado. El Ejecutivo calificó el escenario actual como una situación de “grave conmoción interna”.
La normativa, que fue rubricada el pasado miércoles y entró en vigencia este jueves, establece la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Estas restricciones se aplicarán en zonas estratégicas, con especial énfasis en la región costera, sector que registra los índices más elevados de hechos delictivos violentos.
Áreas alcanzadas por la medida
El decreto rige para las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Asimismo, se incluyó a Pichincha —donde se ubica la capital, Quito—, Santo Domingo en el centro-norte y Sucumbíos en la zona amazónica del norte. La medida también rige para los cantones de La Maná (Cotopaxi), junto a Las Naves y Echeandía (Bolívar).
De acuerdo a lo expresado por el presidente, el periodo de dos meses busca completar un ciclo de intervención de carácter extraordinario. El fin principal es contener y disminuir la violencia de alta intensidad, neutralizar amenazas inminentes, desarmar bandas delictivas y recuperar condiciones básicas de seguridad para la ciudadanía.
Informe de seguridad y bandas criminales
Un documento elaborado por las Fuerzas Armadas advirtió sobre un aumento sostenido de la violencia organizada en el transcurso de 2025. Este fenómeno es impulsado mayormente por agrupaciones delictivas locales como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, cuya presencia es predominante en Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.
El informe de las autoridades precisó que los sucesos de mayor gravedad contemplan atentados con artefactos explosivos, agresiones directas a funcionarios públicos y homicidios múltiples en la vía pública. También se registraron amenazas por medio de panfletos, lo que el Gobierno considera una estrategia de intimidación para el control de territorios y un desafío directo a la autoridad del Estado.
Cifras de la crisis
Según las estadísticas de la Policía Nacional, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 se contabilizaron 1.232 víctimas de homicidios intencionales en las jurisdicciones mencionadas en el decreto. Estos datos reflejan la profundidad de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Con información de BAE Negocios.
